En Aragón existen muchas casas vacías, pero gran parte de ellas no están disponibles para su alquiler. Un problema especialmente significativo en la ciudad de Zaragoza, pues según los portavoces de Podemos e IU en la comunidad «el derecho constitucional a la vivienda sigue sin regularse en este país y es necesario escuchar a toda esa gente que no puede acceder a una casa o ha sido desalojado de ella», denunciaron ayer los coordinadores de ambas formaciones en las horas previas a una convocatoria estatal con el lema.
La líder de Podemos y consejera de Universidad en la DGA, Maru Díaz, recordó que la falta de interés del PSOE estatal en abordar este conflicto está aumentando el malestar de muchas personas. «En España se debe asumir que hay un problema estructural de vivienda que saltó a la luz por primera vez en la crisis del 2008 y que con la crisis sanitaria del covid ha vuelto a aparecer», explicó al criticar la propuesta de regulación que ha puesto sobre la mesa el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por no ser «lo que se firmó» en el acuerdo de gobernabilidad.
Para justificar su posición expuso algunos datos concretos. Así, recordó que en el país hay 32.000 personas sin techo, que se han producido más de un millón de desahucios desde el 2008, que hay unos 12 millones de españoles en riesgo de exclusión social y que solo el 18% de los menores de 30 años consigue emanciparse.
El coordinador de IU, Álvaro Sanz, resaltó que se debe «garantizar una alternativa habitacional» y a pesar de haber en Aragón un marco jurídico propio «se necesita una ley estatal para desarrollarlo plenamente» y por ello calificó de «imprescindible cambiar la óptica desde la que el PSOE está abordando este problema». También defendió la necesidad de movilizar el parque de viviendas de Zaragoza que están vacías.
En la comunidad, las principales asociaciones en defensa del derecho a la vivienda han reclamado más voluntad política para abordar el problema. Sanz recordó que en los últimos años el precio se ha incrementado de media en un 20%, mientras que los salarios o la precariedad «sigue como está y la pobreza estructural se incrementa».
