El juez del caso pagarés considera que la investigación ha aportado "suficientes indicios de criminalidad que afectan a la conducta de los imputados" para acreditar la existencia del desfalco millonario presuntamente cometido en las obras de Autocity por el que están encartados el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el exconsejero delegado de la empresa pública, Carlos Escó; el dueño de la constructora Codesport, Agapito Iglesias, y el exdirector técnico de la plataforma logística, Miguel Ángel Pérez.

Esa afirmación figura en el auto por el que el magistrado Francisco Picazo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, impuso ayer a Pérez una fianza de responsabilidad civil de 18,85 millones de euros, que debe depositar de manera conjunta y solidaria con el resto de imputados.

Su abogada, Carmen Cifuentes, anunció ayer que recurrirá la imposición de la fianza. Las defensas de los otros tres encartados ya lo han hecho ante la Audiencia Provincial.

En el auto, el juez cifra en más de catorce millones de euros el desfalco que atribuye a García Becerril y Escó --están imputados por administración desleal y malversación-- y del que considera a Iglesias cooperador necesario, al que también señala como presunto autor de un delito de estafa.

NÚMEROS El magistrado indica que Plaza adjudicó inicialmente el proyecto a Codesport por catorce millones de euros, mientras que "la resultante final" fue de "más de 32" cuando "el incremento de la obra construida" fue, según señala un dictamen pericial, de solo 3,5.

El magistrado considera que los 18,85 millones son la cantidad que necesitarían los imputados para cubrir las responsabilidades pecuniarias --multas e indemnizaciones-- , en caso de ser condenados.

El instructor advierte a Pérez, buena parte de cuyo patrimonio está embargado como consecuencia de su imputación en el caso saqueo, de que ordenará la traba de sus bienes si no deposita la fianza en un plazo que finaliza a las tres de la tarde de mañana jueves.

El juzgado ha ordenado al Punto Neutro Judicial el rastreo de los bienes de los imputados, solo uno de los cuales ha movido ficha con la fianza. Se trata de Iglesias, que ha propuesto un peculiar e inusual embargo a la carta en el que ofrece en prenda el patrimonio de las empresas a través de las cuales posee la mayoría accionarial del Real Zaragoza al tiempo que, alegando que pronto va a venderlas, le propone que la prohibición de disponer no afecte a esos títulos.

El juzgado ordenará una tasación de esas acciones --cálculo del valor teórico contable--, operación resultante de dividir por el valor nominal de los títulos la cifra que sale de restar al patrimonio de la sociedad el montante de las deudas que acumula.

El juez ha pedido a la Agencia Tributaria que rastree las cuentas de los imputados y de sus empresas en busca de movimientos sospechosos.