La jueza Nieves Pérez, que instruye este caso, continúa esperando respuesta de la Santa Sede a la que mandó un oficio para preguntar si desea reclamar los 185.000 euros que supuestamente se apropió Garcés. Este trámite se produjo meses después de que el Obispado de Tarazona declinara personarse en la causa como parte perjudicada. La Iglesia argumentó que no había sufrido detrimento alguno en su patrimonio, pero la investigación judicial siguió adelante. Desde la Diócesis anunciaron que iban realizar una investigación interna que todavía no ha comenzado.
