El Gobierno de Aragón ha perdido, por segunda vez, un asalto judicial en su pelea por lograr que el Ejecutivo central le pague los 370 millones de euros en los que valora las mermas tributarias, concepto que define la reducción que causaron en los ingresos autonómicos varias reformas de ámbito estatal en impuestos que la DGA gestiona --en algunos casos parcialmente--, como el IVA, el de Patrimonio, el de Sucesiones, el de Donaciones y el de Actos Jurídicos Documentados.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso que interpuso la DGA contra la resolución por la que, a principios del 2012, el Ministerio de Hacienda rechazó atender la demanda aragonesa.

El principal argumento en el que Hacienda basó su postura consistía en señalar que, pese a que el cobro de las mermas tributarias está recogido en el Estatuto de autonomía de Aragón, la aceptación del vigente sistema de financiación autonómica supone en la práctica una renuncia a ese derecho.

ARGUMENTO El mismo argumento había sido utilizado dos años antes por Hacienda, cuando el Gobierno de Marcelino Iglesias formalizó una reclamación similar. En aquella ocasión, el Pignatelli retiró antes de que fuera resuelto el recurso que presentó ante el TSJM.

La actual consejería de Hacienda, dirigida por José Luis Saz, optó, con el respaldo de la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, por mantener el recurso hasta el final. La sentencia es recurrible ante el Supremo. La DGA dispone todavía de tiempo para llevar el pleito ante el alto tribunal.

La reclamación sobre las mermas tributarias se ha convertido en uno de los temas que con relativa frecuencia reaparecen en el debate político aragonés desde que el Ejecutivo de Iglesias comenzó a plantearlo en la legislatura 2003-2007, en la que las modificaciones del IRPF que impulsó el Gobierno de José María Aznar provocaron una reducción de los ingresos derivados del tramo autonómico de este impuesto.

Sin embargo, la primera reclamación formal no llegaría hasta el tramo final de la legislatura 2007-2011, cuando las modificaciones impositivas que aplicó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero incrementaron el volumen de las mermas.

El Estatuto de autonomía señala que esas diferencias de criterio entre las dos administraciones deben ser resueltas en la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros. El TSJM estima que ese trámite no es necesario.