Juan Manuel C. M., un vecino de la capital aragonesa, tiene prohibido acercarse y comunicarse de cualquier forma con la Fundación Adislaf, situada en el paseo Echegaray y Caballero. Fue la condena que le impusieron dos juzgados diferentes de Zaragoza por la comisión de varios delitos leves de amenazas. Un veto que, supuestamente, decidió incumplir desde el 12 al 25 de enero del 2017 a base de llamadas telefónicas que llegaron a colapsar la centralita de una residencia de la Asociación de Disminuídos Psíquicos de Las Fuentes (Adislaf).

Según la investigación policial, lo consiguió hacer, supuestamente, con una serie de programas informáticos que permiten realizar multitud de llamadas telefónicas de diferentes partes del mundo. Un modus operandi que combinó con otras no automatizadas, sino que las hizo él personalmente. En estos casos preguntaba por personas que le habían denunciando y les insultaba.

Unos hechos por los que ayer tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza. Juan Manuel C. M. negó la mayor, asegurando que él cumple con la condena que le impusieron y explicó que él no tiene conocimiento alguno para poder realizar dichas llamadas. Muchas de ellas tenían origen en México o Valencia, entre otras.

RASTREO

Rastrear quién estaba detrás de ellas fue imposible a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, si bien este joven, supuestamente, cometió un error: establecer varias comunicaciones con el teléfono que estaba a nombre de su madre. Una circunstancia que hizo que esta mujer tuviera que acudir al juzgado para explicar el porqué. No tuvo que hacerlo, puesto que las acusación estableció que no era necesario debido a la relación familiar madre e hijo.

Desde la defensa que ejerció la abogada Olga Oseira solicitaron que este joven fuera absuelto por el delito de quebrantamiento de condena que se le acusa por entender que no existen pruebas que relacionen a Juan Manuel C. M. con este colapso de la centralista de la residencia, más allá de las desavenencias que este joven tiene con la Fundación Adislaf.

La Fiscalía Provincial de Zaragoza, por su parte, pidió que fuera condenado a quince meses de multa a razón de 8 euros, es decir, el pago de 3.600 euros.

En la actualidad, Juan Manuel C. M. se encuentra en el centro penitenciario de Zuera privado provisionalmente de libertad por otro hecho delictivo similar. A pesar de todo ello, en el momento en el que supuestamente cometió estos hechos no tenía antecenetes penales computables.