Larraz dice que el Gobierno conocía la situación de CAI y se obró con discreción

Larraz, el último en comparecer en la sesión que ha celebrado hoy la comisión de investigación, ha destacado que el Gobierno aragonés, independientemente del partido que lo ocupara, siempre ha respetado la gestión de las cajas de ahorro y que la causa de la crisis de la CAI fue fundamentalmente su "exposición excesiva" a la construcción, al crédito promotor y a la participación en las propias promotoras.

Tras señalar que en los cinco años que estuvo al frente del departamento de Economía trató con cuatro equipos directivos en la CAI, el exconsejero, a preguntas de los representantes de los partidos que integran la comisión, ha respondido que la información la obtenía de la relación habitual que mantenía con el presidente y los directores de la caja y de los informes del Banco de España y las propias cuentas anuales de la entidad.

No obstante, ha reconocido que el cese del expresidente Rafael Alcaraz en 2007 por parte del consejo de administración se lo comunicó por la noche un miembro de esta instancia cuando se encontraba en una boda y le pidió que se lo volviera a relatar porque no se lo creía, porque el asunto no estaba en el orden día.

Poco después, mantuvo una reunión con Rafael Alcaraz y el nuevo presidente de la caja Antonio Aznar, donde, ha enfatizado, asistió a "la reunión verbalmente más violenta" de todo el tiempo que ha estado en la política, para remarcar las dificultades por las que atravesaba la entidad en ese periodo.

Los problemas de la CAI, como los de otras cajas, ha añadido, se conocieron a partir de los informes del Banco de España de 2007 a causa de la denominada "burbuja inmobiliaria", y que en este ámbito "fue todo un desastre" la gestión de la caja aragonesa.

Larraz ha indicado que "estaba bastante informado" de lo que ocurría, con los resúmenes de las auditorías que recibía del Banco de España y las reuniones con el director general y presidente.

El exconsejero ha agregado que "nunca", desde la fundación del Gobierno aragonés, se ha hecho "ninguna inspección" a instituciones financieras de la comunidad y "siempre lo ha hecho el Banco de España", que envía un resumen de las mismas aunque no es infrecuente que no lo haga, ha precisado.

Según Larraz, los tribunales han dejado claro que la inspección corresponde al Banco de España y dos administraciones no pueden inspeccionar la misma cosa, y ha remarcado que si hubiera abierto un expediente y organizado "una caza y captura del director general" hubiese sido "un verdadero desastre, desde mi punto de vista".

Ha confirmado que en 2009 recibió a los representantes de los sindicatos CCOO, UGT y Asipa, que "no me cuentan nada" que no se sepa, y les dijo que si tenían pruebas de supuestas irregularidades fueran a denunciarlas al consejo de administración, porque "no me podían pedir la cabeza del director general", Tomás García Montes, que fue cesado a finales de ese año.

Tras lamentar la "vehemencia asombrosa" con la que expuso el representante de Asipa, Carlos Montón, y la "efervescencia tremenda" de otra dirigente sindical, que no ha citado, Larraz ha afirmado que el objetivo era salvar la caja, que estaba en una situación "desastrosa" y con un problema de "insolvencia importantísimo".

Por otra parte, ha sugerido que el hecho de que Alcazar, con el que tenía una relación excelente, reclamara en el consejo más información de la dirección general pudo estar en el origen de su cese, con el apoyo de ocho miembros del consejo de administración.

Larraz ha insistido, al ser cuestionado por la falta de controles del gobierno aragonés, que se sentía "perfectamente informado" por el Banco de España, que es a quien correspondía la fiscalización de las cuentas, y que había que tener en cuenta que una declaración suya sobre la situación tendría consecuencias, ya que la actividad bancaria se basa en la confianza con sus clientes.

"Hice mucho más de lo que me correspondía hacer" y "direccionar las inversiones eso nunca lo ha hecho el gobierno aragonés", ha destacado el exconsejero, quien ha reiterado que no tuvo ninguna intervención en la cesión del director general.

El daño estructural en la banca de inversión de CAI (la correspondiente al sector inmobiliario) ya estaba hecho el 95% en 2007, ha añadido el exconsejero, quien ha remarcado que se estuvo al tanto y ayudando "en todo lo que pudimos" apoyando la búsqueda de soluciones, con el control exhaustivo del Banco de España mes a mes.

Sobre el papel del delegado que el gobierno tenía en la comisión de control de la caja, José María Bescós, quien también ha declarado hoy en la comisión, ha señalado que nunca tuvo un encuentro con él en la que se levantara una acta, que tampoco recibió comunicación por escrito y que sólo hacían algún comentario cuando coincidían en algún sitio.

Poco antes, Bescós había dicho, en un tono irónico, que en la Comisión de Control estaba como "un comisario político", que tenía voz y no voto y que en las reuniones mensuales de este órgano se trataban las cuestiones sociales y culturales y "era mínima" las correspondientes a las actividades empresariales.

También ha reconocido que no despachaba de forma periódica con el consejero sino de una manera informal y discrecional, no se habían fijado plazos, y que en ningún momento vio ninguna anomalía, aunque a partir de 2009 "me di cuenta que la situación se estaba deteriorando"

Ha reconocido que los controles internos dentro de la CAI no funcionaron, se obró mucho con intuición en las inversiones y sin medios personales técnicos adecuados y las explicaciones orales que pedía las recibía con mayor o menor interrogantes. "Se confiaba en el buen hacer", ha resumido la situación.