Las tensiones internas por el control del grupo Progea, la gestora más importante de Vivienda Protegida de España --ligada al Partido Comunista (PC) e IU y a un modelo de empresa social sin ánimo de lucro-- han terminado en los tribunales. La denuncia interpuesta por Carlos Luján Martínez, hasta ahora máximo dirigente del grupo, con sede en Zaragoza, ha llevado a cinco de sus responsables a declarar como imputados en un presunto delito societario.

El magistrado del Juzgado número 3 de Zaragoza tomó el martes declaración al último de ellos, el notario José Enrique Cortés. Antes habían sido citados Miguel Angel Loriente, actual presidente de los consejos de Administración de distintas sociedades del grupo; el abogado Pedro Olloqui, actual representante de Izquierda Unida (IU) en el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza y en el Consejo de Administración de la Televisión Autonómica; el abogado de Barcelona Francisco Pasarín Rúa, y el excandidato de IU en Madrid Francisco Herrera.

La crisis se remonta a meses atrás, tras la constitución, en diciembre del 2003, de una Fundación sin ánimo de lucro como propietaria de todo el grupo empresarial. Un grupo ligado a la construcción inmobiliaria de Vivienda Protegida en régimen de cooperativa en todo el territorio nacional, sin ánimo de lucro, por lo que no reparte dividendos, sino que reinvierte todos los beneficios en la gestora.

De esta reestructuración, Carlos Luján resulta sustituido por Miguel Angel Loriente como presidente de los Consejos de Administración de las empresas del grupo, aunque permanece en la Fundación como presidente vitalicio. De esta manera, Luján se queda sin representatividad y pierde el poder y el patrimonio social que hasta entonces ostentaba, y que le daba capacidad para firmar y tomar decisiones.

LAS VERSIONES Así, mientras el denunciante ve en ello una maniobra para desbancarle, la otra parte declara que la pretensión únicamente era la romper la concentración y separar la propiedad del grupo (la Fundación) con su gestión, a través de un Consejo de Administración a cuyo frente se coloca ahora Loriente, para dotar de más transparencia a todo este entramado empresarial.

La denuncia presentada por Luján solicitaba en un principio la intervención de la empresa, a lo que el juez no ha accedido, aunque sí ha abierto diligencias previas. Tras la toma de declaración de los cinco imputados es probable que en los próximos días el magistrado pida pruebas a las partes y es entonces cuando decidirá la apertura de juicio oral o, por el contrario, si archiva la causa.

El grupo Progea tiene su origen en la formación, en la década de los 70, de varias sociedades participadas por accionistas ligados al Partido Comunista de Aragón. Y desde su creación como grupo, en los 90, Carlos Luján ha figurado como gerente. En la actualidad, esta gestora es cabecera de empresas como Secipri SA, Alfranca SA y Ribera del Jalón SA, que a su vez tienen acciones en otra treintena de sociedades participadas por entidades bancarias o sindicatos, como Creixeda y Fuente Jalón.

A las posibles dudas sobre la titularidad de las acciones dada la compleja estructura del grupo se suma --puesto que la ley no permite a los partidos tener acciones empresariales-- la del valor de su patrimonio. Y mientras unos hablan de 90 millones de euros (15.000 millones de las antiguas pesetas) y de unos beneficios anuales que rondan los nueve millones (1.500 millones), otros cifran en nueve millones de euros (1.500 millones) el valor accionarial y en 3,5 (582 millones) los beneficios.

Progea estaría construyendo alrededor de 3.500 viviendas en el territorio español, unas mil anuales. Se trata de una de las empresas más importantes de España por el volumen de negocio relacionado con la construcción que opera en el mercado. Aunque su carácter social continúa como objetivo primordial.