La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza presentó ayer una valoración de los presupuestos de Educación para el 2015 y alertó de que más de 200 profesores de Secundaria y Formación Profesional podrían perder su puesto de trabajo como consecuencia de la reducción de un 3,2% de la partida destinada a los gastos de personal en este nivel de enseñanza. Según el balance del colectivo, el Gobierno de Aragón destinará 230.009 millones el próximo curso para este tipo de docentes frente a los 237.673 millones del 2014.

Entre las consecuencias de esta situación está, además de la "brutal bajada" en la partida de personal, la implantación de la Formación Profesional Básica --"elimina docentes y, además, su aplicación no está siendo efectiva", dijeron-- y el futuro decreto de especialidades en Secundaria que pretende aplicar el ministro de Educación, José Ignacio Wert. "Se pretende que los profesores sean generalistas, que impartan más materias y eso supondrá una rebaja a la hora de contratar", señalaron.

PAGA EXTRA

Además, indicaron que los docentes "han consolidado el aumento de sus horas de clase" y que "su trabajo fuera el aula aumenta considerablemente" debido a que tienen que atender a un mayor número. En términos económicos, denunciaron que "a diferencia del resto de comunidades" en Aragón no es va a devolver la paga extra que les adeudan del 2012.

Por otro lado, la plataforma criticó que "la educación pública, un año más, no es una prioridad para el Gobierno de Aragón" y denunció la reducción en un 0,3% del presupuesto para la enseñanza no universitaria en el 2015 y en un 0,4% la cantidad destinada a la formación universitaria.

También criticaron la bajada de las partidas de gastos de funcionamiento de los centros ordinarios, la reducción en infraestructuras (un 5% respecto al 2014) y el descenso de la cuantía individual para el transporte en un 4,8% (de los 930.000 euros del 2014 a los 885.000 del 2015).

"En definitiva, menos dinero para los colegios, menos presupuesto para su mantenimiento y la amenaza de cierre de muchas escuelas infantiles, sobre todo en el medio rural, donde sigue congelada la reducción del 77,4% de los convenios con los ayuntamientos", concluyó el portavoz del colectivo, Juan Ballarín.