Al menos 30 de los 41 acusados de defraudar 413.000 euros a la Seguridad Social a través de falsos contratos de trabajo realizados por siete empresas ficticias se han reconocido culpables esta mañana en la Ciudad de Zaragoza y se han beneficiado por ello de condenas entre seis meses y dos años, en lugar de los cinco pedidos inicialmente por la fiscal.
Varios de los acusados están en rebeldía y otros, por diferentes motivos, no han acudido a la vista oral. Además, tres de los imputados no han llegado a acuerdo y han mantenido su inocencia. El juicio todavía no ha terminado.
Una de las principales acusaciones es que esos contratos amañados les daban derecho a suculentos cobros del paro, casi 6.000 euros. Pero uno de los no conformes, O. C. L., español, ha dicho que lo más que llegó a cobrar fueron "ciento y pico euros" a los que tenía derecho por trabajar en una suplencia de vacaciones como mozo de almacén.
Una de las acusadas, no conforme con el acuerdo, F. B. D., ha señalado que acudió a una gestoría regentada por el coacusado Joaquín G. F. y que pagó 225 euros por el papeleo de su contrato. Ha asegurado que pensaba que el contrato y la empresa eran legales. De hecho, gracias al contrato consiguió permiso de residencia, que era uno de los objetivos del fraude según las acusaciones. En cambio, no ha conseguido regularizarse.
"No era consciente de la falsedad"
Assia A. ha manifestado que no llegó a trabajar y que para pedir permiso de residencia utilizó el contrato de residencia en Extranjería. "No era consciente de la falsedad", ha declarado esta acusada que tampoco se ha conformado.
Jaime P. B., como acusado conformado con el acuerdo, ha negado que hiciera contratos y que fue ordenado por una tercera persona a acompañar a una inmigrante a Extranjería a regularizar su situación. "No pensé que estuviera cometiendo un delito", ha dicho.
Otro acusado, Pedro S. S., ha dicho que se relacionaba laboralmente con la gestoría regentada por Joaquín G. F., también imputado, y que los contratos que hizo "nunca fueron falsos".
"Ha sido sin duda un buen acuerdo", ha declarado al término de la sesión de hoy la abogada Olga Oseira, que defiende a cinco de los acusados. "Todos menos cinco de los acusados presentes en la sala se han mostrado conformes con el acuerdo", ha subrayado.
Los hechos se descubrieron cuando la Brigada Provincial de Extranjería de Zaragoza detectó la creación de un entramado de empresas ficticias con escasa actividad real y que venían dando de alta en la Seguridad Social a trabajadores sin que estos llegarán a realizar trabajo alguno para estas empresas.
El objeto de ello era, según relata el ministerio público en su calificación provisional, que estas trabajadores pudieran obtener de forma irregular prestaciones y subsidios u otro tipo de prestaciones de la Seguridad Social.
Estos hechos constituyen, según la fiscalía, varios delitos continuados de falsificación de documento oficial en concurso medial con delitos de defraudación a la Seguridad Social . Por ello, solicitaba al principio para algunos de los acusados penas que alcanzaban los cinco años de prisión, multa de dos millones de euros y una indemnización para la Tesorería General de la Seguridad Social de más de 413.000 euros.
