El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, defendió ayer "la plena constitucionalidad" de la Ley de Evaluación Ambiental, después de que las Cortes de Aragón acordaran el miércoles presentar un recurso de inconstitucionalidad.
El ministerio emitió ayer un comunicado en el que "aclara que la ley no infringe ninguna de las normas integrantes del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional", y aseguró que la nueva norma "no abre la puerta a nuevos trasvases".
El departamento que dirige Miguel Arias Cañete insistió en que las disposiciones en materia de aguas previstas en la nueva ley que Aragón pretende impugnar han sido elaboradas conforme al procedimiento legalmente establecido. El ministerio se defiendió asegurando que "contrariamente a lo defendido en el informe de las Cortes de Aragón, no existe ni en la Constitución, ni en las normas del bloque de la constitucionalidad, una regla según la cual el monopolio de la iniciativa de la planificación hidrológica corresponda únicamente al Gobierno".
Además afirmó que no hay inconveniente constitucional para que tales cambios puedan ser introducidos en el Congreso mediante una enmienda, "como se hizo en este caso". Asimismo, insistió en que "en ningún caso" se ha vulnerado el Estatuto, porque este no resulta de aplicar las disposiciones legales que dicha autonomía pretende recurrir. Medio Ambiente considera que tampoco hay vulneración alguna del principio de reserva de la ley, que se recoge en el artículo 132 de la Carta Magna, como argumentan las Cortes de Aragón, porque este principio no implica que cualquier aspecto que afecte de una u otra forma a los bienes de dominio público deban estar recogidos en una norma con rango legal.
