Los aportes del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) se han vendido en la comunidad como uno de los motores más importantes para el desarrollo social de la provincia de Teruel. Sin embargo, los grandes proyectos «estratégicos y singulares» acaparan el 42,6% de las inversiones en el periodo 1993-2016, que ascienden a 934 millones. Y en concreto, es la Ciudad del Motor (Motorland) la que ha recibido el apoyo prioritario con 131,18 millones. En menor medida se han impulsado medidas de apoyo a empresas de patrimonio cultural y ambiental (35,8%) o se han visto beneficiadas las infraestructuras para la implantación de empresas municipales (11,5%) y las carreteras autonómicas y provinciales (10,1%).

Por estas razones, el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón publicado ayer considera que estas medidas, promocionadas con enorme pompa oficial, solo han tenido un alcance «limitado» en Teruel. Y eso a pesar de que el montante de las ayudas, financiadas al 50% por la comunidad y el Estado, alcanza el 1,5% del PIB de la provincia. El órgano fiscalizador no duda en señalar que no se ha conseguido «corregir el problema de la despoblación». Todo un revés para una estrategia de la que han presumido todos los gobiernos.

El Fite se articula mediante convenios de colaboración suscritos entre el Estado central y el Gobierno de Aragón por periodos de 4 o 5 años. Ambas administraciones cofinancian las actuaciones aprobadas por una comisión mixta de las entidades firmantes. El primer convenio se suscribió para el periodo 1993-1996 y el último firmado es del 2017-2021.

REPROCHES DIRECTOS / Sin embargo, la Cámara de Cuentas constata que bajo este paraguas de buenas intenciones se han colado un gran número de actuaciones que posiblemente no han contribuido a los objetivos iniciales del plan. El Fite ha financiado «actuaciones que es cuestionable, por su naturaleza, que puedan ser consideradas verdaderos proyectos de inversión, como ampliaciones de capital para cubrir pérdidas corrientes, celebración de eventos culturales y deportivos o actividades de promoción empresarial».

Uno de los reproches directos que figuran en el detallado informe destaca que en la anualidad del 2016 se financió un volumen total de 10,75 millones de euros cuya naturaleza de inversión era «dudosa».

En el periodo total destacan las ampliaciones de capital para cubrir pérdidas de gestión corriente de la Ciudad del Motor y del Parque Tecnológico del Motor. La Cámara de Cuentas solo ha analizado en el informe las ampliaciones de capital de estas dos sociedades, pero podrían existir otras ampliaciones para financiar pérdidas ordinarias.

En concreto, de Motorland se refleja que de los 131,18 millones del Fite que ha consumido hasta la fecha únicamente 91,28 financiaron realmente inversiones de la sociedad, es decir, el coste de adquisición del inmovilizado material e intangible. Los 39,9 millones de euros fueros destinados a compensar los resultados negativos de cada ejercicio, en torno a ocho millones de pérdidas anuales, lo que ha permitido que se mantenga el patrimonio neto de la sociedad. Para el 2017 la tónica es la misma.

SIN VIABILIDAD FUTURA / La Cámara de Cuentas evidencia que el proyecto «no es autofinanciable» y alerta que su viabilidad futura «sigue condicionada a inyecciones periódicas de liquidez» por parte de las administraciones «ya sea a través del Fite o de otras vías de financiación».

La situación es similar a la del Parque Tecnológico del Motor. Este proyecto singular ha recibido 3,2 millones de euros hasta el 2016. De este total, un millón sirvió para acciones tangibles, pero los restantes 2,2 millones de euros sirvieron para «sanear pérdidas y reforzar el patrimonio neto».

Entre los proyectos estratégicos también figura el Aeropuerto de Teruel (50,51 millones), Dinópolis (27,66) el sistema ferroviario de Platea (17,11), la propia plataforma logística (13,03), la vía perimetral de barrios de Teruel (11,11), la red integrada de servicios digitales (10,24), la alternativa al Plan Miner (9,41) y la estación de esquí de Javalambre y sus accesos (8,66).

En todo caso, el órgano de control precisa que gracias al fondo se ha mejorado las dotaciones de algunas infraestructuras públicas, especialmente carreteras de las entidades locales, pero la brecha que las separa del resto de Aragón y de España «apenas se ha corregido». En infraestructuras ferroviarias e hidráulicas la brecha «ha aumentado».