La Cámara de Cuentas también se muestra crítica en el informe difundido ayer con la verdadera ejecución de las obras programadas dentro del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). Al menos 85,7 millones de euros del total no llegaron a materializarse, sobre todo por los retrasos que se han vivido a la hora de presupuestar cada uno de los ejercicios.

El fondo nació con la finalidad de corregir las desigualdades territoriales que afectan a la provincia de Teruel y mejorar sus dotaciones de capital productivo. Por lo tanto, los proyectos financiados con el Fite deberían ser adicionales a las inversiones ordinarias que la DGA está obligada a realizar en todo el territorio aragonés a fin de prestar unos servicios públicos adecuados. Sin embargo, el organismo fiscalizador de la comunidad teme que desde el Estado acaben reclamando «por falta de ejecución» al menos 19,6 millones de euros.

Esta cuantía corresponde al 50% de la aportación estatal de las anualidades 2013-16 del fondo no ejecutadas. Este gesto provocaría un desfase presupuestario ya que no existe ninguna provisión para este tipo de contingencia.

En todo caso, a la hora de analizar los fondos de ejecutados, la Cámara de Cuentas se muestra rotunda a la hora de afirmar que los plazos y trámites necesarios para ejecutar los fondos Fite de una anualidad «no son adecuados». Consideran que gran parte de esta desidia tiene que ver con que los convenios se firman generalmente en un momento muy avanzado del ejercicio presupuestario «quedando de esta forma reducido de forma importante el plazo para su ejecución».

También citan que la aprobación de los proyectos debe esperar a que se constituya la comisión de seguimiento y que los órganos responsables de la ejecución de los proyectos «no tienen la disposición de fondos asignados por el fondo hasta que se tramitan y aprueban las modificaciones presupuestarias oportunas, siempre después de superar los dos trámites anteriores».

subvenciones directas / Estas demoras limitan el margen de actuación de los departamentos, que tienen que recurrir a procedimientos poco regulados para conseguir una mayor ejecución y evitar la pérdida de fondos. Por ejemplo, el Instituto Aragonés de Fomento gestiona entre el 50% y el 70% de cada anualidad. Algunas entidades no tienen los medios necesarios para la gestión.

Por otro lado, el convenio permite el pago anticipado del 100% de las subvenciones concedidas sin necesidad de aportar la correspondiente garantía a favor de la comunidad autónoma para poder ejecutarla en caso de incumplimiento por el beneficiario de la actividad que motivó la concesión de la subvención.