Los incumplimientos en las frecuencias de paso por parte de la concesionaria del bus en Zaragoza, denunciados por Izquierda Unida, dio lugar a un interesante debate sobre el control efectivo que se está realizando de la contrata, las limitaciones que el consistorio tiene para hacer seguimiento de si se cumplen los horarios y sobre cómo sistemáticamente se le va a sancionar a la empresa, mes a mes, con la máxima penalización por no ofrecer datos suficientes a quien le paga, el ayuntamiento. Todo a raíz de conocer que, por segundo mes consecutivo, Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) será sancionada con la máxima multa, 113.799 euros, por faltar al índice de puntualidad. Y es así no porque se haya demostrado que no se alcanza el cumplimiento de llegar en hora en el 90% de las expediciones, sino porque no se dispone de datos, por lo que se desconfía de todas.
Así de sencillo y de "preocupante", como destacaron ayer PP e IU porque, como señaló el concejal de IU Raúl Ariza, existe el riesgo de que "esta empresa esté descontando ya parte de sus ingresos para sanciones", como acomodándose a una situación en la que le salga rentable asumir el castigo que cumplir los pliegos.
Como recordó la teniente de alcalde de Servicios Públicos, Carmen Dueso, hubo que esperar al pasado mes de febrero, que es cuando debía estar funcionando en Movilidad, obligatoriamente, el control en tiempo real del servicio (a través del control que hace el Servicio de Ayuda a la Explotación, SAE). Pero ahora el consistorio tiene a su disposición todos los datos que recibe la concesionaria, de los tiempos de paso por cada una de las paradas en las 120.000 expediciones que se realizan a diario en la ciudad, pero solo controla unas 7.500.
YA ES UNA FALTA GRAVE Tres puntos de cada recorrido que aleatoriamente pueden consultar los técnicos. Pero vigilar todas las frecuencias de todas las líneas requeriría de un enorme número de trabajadores, muchísimos más que los ocho que ahora hay. De manera que hace falta una aplicación informática que haga el filtro de forma automática y se ajuste el resultado a la explotación real que se está produciendo. O que la empresa informe con datos. Pero como la aplicación no llega y la concesionaria calla, solo queda aplicar penalizaciones. "Es como comprarte una televisión de 42 pulgadas y no poder enchufarla porque no hay antena", bromeó Ariza. "O como tener un Ferrari al que le falta una rueda", ironizó Sebastián Contín, del PP.
Pero el problema no es solo si le sale rentable pagar más de 1,2 millones anuales en penalizaciones por incumplimientos (a unos 100.000 euros mensuales), sino qué herramientas tiene el consistorio para hacer cumplir los horarios establecidos. Y, según Dueso, las hay. Porque el pliego "si se reitera contempla otras medidas". Más duras para la empresa. Y lo especifica en la cláusula 5 del pliego de condiciones: "Se entenderá incumplimiento reiterado en dos meses consecutivos, o en tres meses dentro del plazo de 12 meses". Así que la próxima certificación, correspondiente a abril, podría llegara duplicar el coste para la concesionaria. Y si prosigue en su empeño, también se contempla la compleja vía de la rescisión de la contrata. Aunque esa decisión política será complicado que se produzca.
Pero, ¿y qué se entiende como incumplimiento de la puntualidad? Según los pliegos, no se respetan las frecuencias cuando el vehículo pasa por la parada un 20% antes del tiempo previsto o un 40% más tarde. Así, si la frecuencia fuera de diez minutos, se incumple si tardara menos de ocho minutos o más de catorce.
A estas dificultades se suma que este debate se produzca en verano, cuando el personal se reduce y el servicio también. Un 20% según el ayuntamiento "porque la demanda suele caer un 40% en julio y un 60% en agosto". En años anteriores se iban adaptando las frecuencias semana a semana, y este se ha hecho uniforme para los dos meses. Pero también resaltó Dueso que en otros servicios, como en la limpieza viaria, los efectivos también se ha reducido "en un 21,2%" en julio.
