La hostelería zaragozana sigue en vilo por no decir en pie de guerra debido a la ordenanza sobre ruido que pretende impulsar el equipo de gobierno de ZeC. Las distintas asociaciones del sector piden la paralización inmediata de la tramitación de la nueva normativa, que consideran ambigua y con riesgo de provocar inseguridad jurídica en los negocios, e instan a sus promotores a diseñar una ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica de Zaragoza "participativa y redactada con responsabilidad", pues se ponen en jaque los 4.000 locales de la ciudad.

Han redactado un listado con 82 dudas interpretativas que han presentado en el Registro Municipal del Ayuntamiento, encontrándose con que desde Gerencia desde Urbanismo les han comunicado que no las van a responder, por considerar que en la fase del procedimiento administrativo en la que nos encontramos no procede resolver dichas cuestiones, sino analizar las Alegaciones, según han explicado los propios hosteleros, que afean al gobierno municipal su "falta de información y transparencia".

Cabe destacar que, históricamente, los representantes de la hostelería de Zaragoza y provincia difícilmente han sabido ponerse de acuerdo para defender sus asuntos. Sin embargo, esta vez ZeC ha conseguido lo que parecía imposible: unir a todos los hosteleros en su lucha por un objetivo común, frenar la nueva normativa municipal contra el ruido.

Los representantes de cafés, bares, restaurantes y salas de fiesta han recordado que no se contó con todas las partes para la redacción de una normativa básica para el ocio, el turismo y la economía.

Las entidades que han puesto en común sus inquietud y sus esfuerzos la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, HORECA, APEHA, la Asociación El Tubo de Zaragoza, la Asociación Aragón en Vivo y la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza. Es decir, de todo tipo y especialidad. "Esta norma es un despropósito, de aprobarse supondrá un desastre para el sector pues contiene artículos imposibles de cumplir por sus exigencias", sostienen.

En su listado de dudas, preguntan por los criterios para declarar una zona saturada y qué actores deben participar en su declaración, cómo se realizarán las mediciones de ruido, o cuándo se procederá a la reducción de horarios de apertura que contempla la norma. También al deber de la ciudadanía de "observar la conducta ciudadana que prevé la presente ordenanza", y qué consecuencias coercitivas tendrían su incumplimiento.

Buena parte de las dudas van dirigidas a los artículos que hacen responsables del ruido de los consumidores en la calle tanto a los propios consumidores como solidariamente los titulares de las actividades organizadas, y convierte a los responsables de los locales en "policías" ya que les obliga supuestamente a identificar a las personas que estén en las puertas de sus establecimientos infringiendo la ordenanza.

También deja en vilo a todo el comercio de la ciudad, pues según la ordenanza tendrá que tener insonorización todo tipo de comercio y no lo están, dejando sin futuro a todas las pyes.

“Queremos que aclaren a qué sanciones se exponen los ciudadanos si se celebra un cumpleaños o una celebración familiar en casa”, señalan. Las entidades critican que esta norma se haya elaborado además sin contar con la base técnica de los mapas de ruido, algo que consideran “un sinsentido porque es como empezar la casa por el tejado y una grave falta de rigor”. “Las promesas de consenso y de respuesta por parte de la exconcejal Teresa Artigas no se han cumplido, por lo que solicitamos una cita urgente de la actual edil Adriana Caridad. o que amplíe el plazo de alegaciones”, resumen. Caridad tomó posesión este lunes en lugar de la dimitida Artigas.