El consejo de administración de Plaza acordó ayer por la tarde sacar a licitación un concurso, por valor de 25.000 euros, para que se auditen todas las obras que Codesport, empresa propiedad del expresidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, hizo en la plataforma logística. Entre ellas se encuentra la de la aduana, además de varias naves y solares urbanizados.
Aunque en el consejo, el asunto más debatido fue si la sociedad acude a Fiscalía por una presunta factura falsa, por valor de un millón de euros, correspondiente a un saneo cobrado a la empresa pública por Zaragoza Plaza Center, una de las empresas del grupo Codesport. Plaza pretende ahora recuperar el dinero.
El presidiente de la sociedad, Rafael Fernández de Alarcón, propuso debatir el asunto, haciendo constar que dudaban de que el saneamiento se hubiese hecho efectivo y dejando constancia de que, por tanto, la factura pudiese ser ficticia. Finalmente se aprobó, aunque algunos consejeros propusieron llevar el asunto a otra reunión, debido a la escasez de información. También se acordó la personación en la causa del llamado caso paraísos.
Lo mismo decidió el Ejecutivo autonómico. En este caso se investiga la presunta malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes por parte del exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y del constructor Agapito Iglesias. Un asunto que fue tratado durante la reunión del Consejo de Gobierno --aunque no se hizo público en la relación de acuerdos adoptados-- que envió esta resolución a los servicios jurídicos de la comunidad para que preparen el escrito que será remitido en los próximos días a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, María José Gil. Esta magistrada es la que tiene que aceptar o no que la DGA pueda ejercer la acusación particular en este nuevo asunto que deriva de las supuestas irregularidades cometidas en las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza.
De hecho, es el motivo que impulsó al Ejecutivo a llevar a cabo esta labor judicial, según fuentes consultadas. Actualmente ejerce la acusación popular la letrada Irene Romea, en nombre de UPD, quien el pasado viernes solicitó a la jueza que llame a declarar en calidad de imputados no solo a Carlos Escó y a Agapito Iglesias sino también a la familia de ambos, entre ellos a la mujer del político altoaragonés, Eva Almunia, que actualmente es diputada por el PSOE en las Cortes y que fue candidata por estas siglas a la Presidencia de Aragón.
DINERO AL EXTRANJERO
Esta investigación parte de un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en Aragón en el que se sospechaba, tal y como publicó EL PERIÓDICO, que ambos pudieron llevarse dinero en efectivo en sus viajes a Panamá, Colombia, Guatemala, Reino Unido o Ecuador.
Asimismo, los agentes resaltaron el año 2010, en el que hubo una separación de bienes entre el exviceconsejero y la diputada regional y el 2011 en el que el constructor soriano traspasó gran cantidad de títulos y acciones a su familia por importe de más de un millón de euros.
En dicho estudio también se destaca que Agapito Iglesias traspasó en agosto del 2013 de 80.000 euros a Nigeria, por parte de una sociedad inmobiliaria, y unos 121.000 euros a Portugal, a través de su sociedad de representación de deportistas. Al parecer, hizo operaciones similares en Uruguay, Reino Unido y Emiratos Árabes.
Todo ello obligó a que el instructor del caso pagarés, que investiga sobrecostes millonarios en la construcción de 119 naves en Plaza, Francisco Picazo, impulsara esta nuevo asunto.
