El pleno de Zaragoza aprobó ayer recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declara nulo de pleno derecho el plan especial de Torre Village. Ya se había hecho en comisión, y ayer se ratificó, como también se hizo con la propuesta del PSOE de instar al Gobierno a que inicie el expediente para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pero con una salvedad, que lo haga ya el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC).

El concejal del PP Pedro Navarro incluyó esta condición en la propuesta de los socialistas después de que desde el Gobierno municipal dijesen que no tenían intención de hacerlo.

El debate de ayer pareció un déjà vu porque en la comisión de Urbanismo que se celebró el pasado miércoles ya se debatió largo y tendido sobre el tema. Mientras que PP, PSOE y Cs coinciden en que la sentencia no es firme y que no cuestiona el proyecto, sino que pide que se modifique el PGOU para adaptar los usos al plan especial, desde ZeC y CHA consideran que el fallo es claro y que cambiar el PGOU en este caso sería una «recalificación a la carta». El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, insistió en que el letrado municipal advierte de las escasas posibilidades que tiene de prosperar, incluso se la jugó diciendo que estaba seguro de que antes de las elecciones el Supremo resolverá que no admite a trámite el recurso de casación.

Desde CHA, Carmelo Asensio barajó el mismo futuro. «No creemos que recurrir sea lo más oportuno por las escasas probabilidades y porque solo permitirá ganar tiempo a la empresa para seguir construyendo y que el perjuicio económico para el ayuntamiento sea mayor».

No lo ven así desde el PSOE. «La sentencia no es firme y hasta que no lo sea, o exista ejecución provisional, carece de efectos», explicó la socialista Lola Ranera, que indicó que todo lo que cuelga de este proceso, como la aprobación de licencias, «puede generar responsabilidades». Desde el PP, Pedro Navarro añadió la duda sobre el millón de euros que Zaragoza ha ingresado de los promotores y que tenía que destinarse al comercio de proximidad. Un acuerdo que alcanzó Santisteve con Iberebro. Por su parte, el concejal de Cs, Alberto Casañal, lamentó que el Gobierno defienda como un logro una sentencia contraria y que puede acarrear responsabilidades millonarias.