La Policía Local de Zaragoza no rebla. Entre las medidas de presión adoptadas para forzar al ayuntamiento a negociar están las multas a los ciclistas, que el consistorio había prometido cuidar manteniendo durante 15 días la información en lugar de la sanción. El vicealcalde Fernando Gimeno anunció anteayer que retirarán los expedientes, pero el sindicato impulsor de la medida, CSL, advirtió que estudiará si esto es legal.
Alrededor de 400 agentes de la Policía Local de Zaragoza y los bomberos de la ciudad se concentraron ayer por la mañana ante las puertas del ayuntamiento para exigir con gritos lo que estos días pedían con las multas: que les aumenten la categoría de funcionarios. Aprovecharon además para pedir la dimisión del concejal delegado de Policía, Carlos Pérez Anadón, al que acusan de no haberse reunido con ellos en los últimos años y haber dejado así que el conflicto se haya enquistado.
Quizá para dar protagonismo a esta protesta, las directrices de trabajo "a reglamento" que ha dado el sindicato CSL --mayoritario en la Policía Local zaragozana-- parecieron relajarse ayer. Según expuso claramente su secretario de Información, Juan Luis Mendoza, se trata de observar estrictamente las normas de Tráfico y no hacer la "vista gorda", dejando así de seguir las "indicaciones" que, al parecer, recibían del consistorio.
Anteayer, esto se tradujo en parar más de seis autobuses urbanos para efectuar revisiones que obligaron a desalojar a los viajeros, y a multas a los conductores y a la compañía, según fuentes de AUZSA.
También llevaban varios días imponiendo las citadas sanciones a los ciclistas. Mendoza reiteró ayer que sus servicios legales "tendrán que ver" si este periodo de vacatio legis municipal es legal.
Los agentes reclaman con estas medidas, que el ayuntamiento calificó de "huelga de celo", que les reclasifiquen profesionalmente como marca la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, aprobada hace un año. La norma marcaba que esta promoción no conllevaría aumento de sueldo, pero es algo que quieren negociar. Fuentes del consistorio indicaron que el problema es precisamente que esta norma no tuvo en cuenta las peculiaridades y el tamaño de la plantilla en Zaragoza, con unos 1.200 agentes.
Precisamente lo que reclaman es la negociación, tanto en este asunto como en el de los calendarios, la organización de los horarios de las distintas unidades, que entienden que está obsoleta y es improductiva.
Ayer, el blanco de las iras fue el concejal delegado, Carlos Pérez Anadón, al que Mendoza criticó por no haberse reunido con ellos "ni una sola vez en los últimos cinco años". La Policía tiene prevista una reunión para el próximo jueves con Régimen Interior. Pero temen que sea infructuosa, de nuevo.
