El acuerdo de las derechas aragonesas no ha tenido hasta el momento otra expresión documental que los diez puntos propuestos por Cs y aceptados de mil amores por el PP. Tal decálogo está perfectamente... fuera de lugar. No sirve para pactar ni el Gobierno de Aragón ni el de Melilla, mucho menos el de Madrid (o Galicia donde Feijóo juega a otra cosa). En realidad, ese inconcreto y vaporoso pseudoconsenso aborda asuntos que están fuera del alcance de cualquier gobierno autónomo (por ejemplo reducir sustancialmente los impuestos generales, crear una única tarjeta sanitaria para toda España, suprimir los aforamientos o ¡aplicar el 155 de la Constitución en Cataluña¡).

El compromiso entre PSOE y PAR, Lambán y Aliaga, no tiene ni siquiera una versión escrita. Solo un apretón de manos y, se supone, una oferta que el jefe regionalista no pudo rechazar. En ningún caso hemos sabido algo relativo a la gestión del nuevo Ejecutivo aragonés, al futuro de nuestra tierra o a cualesquiera aspectos programáticos específicos que transcendiesen el chalaneo de los sillones, prebendas y apaños. PP y Cs, a su vez, no se refieren, ni siquiera de manera colateral, a la despoblación, el modelo económico, el desarrollo de una economía rural moderna, la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático, la atención a los grandes servicios públicos, la transparencia efectiva ... No es posible, en fin, deducir qué harían si, por algún milagro, lograran embolicar al PAR y a Vox (¿con el reclamo de los dichosos diez puntos?).

Si el PSOE, por su parte, está articulando algún tipo de base programática esencial, de momento no ha dicho ni pío. En general, ningún partido, ni de derechas ni de izquierdas, fue capaz durante la campaña de describir algo parecido a una estrategia innovadora para Aragón. Peor todavía: casi todos dieron la impresión de estar en línea con el catálogo de lugares comunes que la comunidad arrastra desde hace lustros (y decenios y siglos) impulsada por una inercia completamente desfasada del momento presente y de los retos que plantea.

¿Cómo pretende alguien acabar con los despilfarros o actuar en las comarcas despobladas, si antes no replantea por completo las políticas que han llevado a gastar directa o indirectamente cientos de millones sin control alguno de los resultados o con análisis de los retornos tan falseados como los que habitualmente se utilizan para justificar la ruina de Motorland?

PP y Cs están de acuerdo en exigir «un nuevo modelo de financiación más justo, transparente y sin privilegios para los nacionalistas». Estupendo. ¿Se refieren a los nacionalistas vascos... o a los madrileños? ¿Y qué hacemos en Aragón, donde el coste de todos los servicios se está encareciendo por momentos, al atender a una población avejentada y dispersa en un enorme territorio?

Aragón... ¿Qué es eso?