El PP de Aragón denunció ayer que el agujero de la sanidad aragonesa ascenderá en el 2004 a 67,5 millones de euros, una cifra muy superior a los 42 millones que asegura el Gobierno autonómico. El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, Ricardo Canals, afirmó que la sanidad aragonesa arrastra un "déficit crónico" desde las transferencias, por una "gestión ineficaz" y una falta de previsión del Gobierno PSOE-PAR.

Canals explicó ayer en rueda de prensa que en el 2003 el Servicio Aragonés de Salud tuvo un desfase entre los créditos iniciales y los definitivos en gasto de personal de casi 58 millones de euros, que se compensaron parcialmente con las inversiones que no se realizaron. En 2004, el diputado popular afirmó que, según el avance de la Intervención General sobre la liquidación del presupuesto del Salud, hay un "agujero". Mientras que en el proyecto de los presupuestos presentado para 2005 "ya hay una diferencia de siete millones entre lo que el interventor general dice que se gasta en personal el Salud y lo que figura en las cuentas", afirmó Canals, para quien es "algo inadmisible".

Tras expresar su "grave preocupación" por la situación económica que arrastra el Departamento de Salud desde que se asumieron las transferencias sanitarias, afirmó que hay un "agujero presupuestario" que tiene que ser tapado por otras consejerías como la de Economía. Y explicó que el próximo lunes día 13 se debatirá en el pleno de las Cortes el proyecto de ley de crédito extraordinario por casi 48,7 millones de euros aprobado por el Gobierno, de los que 42 millones se destinarán a pagar las nóminas y Seguridad Social de los 18.000 trabajadores de la sanidad pública aragonesa. En su opinión, este crédito de 42 millones de euros no bastará para "tapar el agujero" de 67,5 millones que hay este año en el capítulo uno, de gastos de personal, a no ser, puntualizó, que lo compensen con una menor inversión.

Canals indicó que, según la exposición de motivos de este proyecto de ley, los gastos derivan del proceso de estatutarización del personal funcionario y laboral, de la aplicación del pacto por la sanidad y de sustituciones, lo que a su juicio demuestra una "ineficaz gestión" y una "improvisación".