La constitución de la comisión especial de deudas del Ayuntamiento de Zaragoza, solicitada por Ciudadanos (C’s), empezó con ganas de poco debate y cerrando filas. PP, PSOE y CHA rechazaron decidir qué responsables municipales y autonómicos deben comparecer en el consistorio para dilucidar qué debe una y otra administración. No lo hicieron porque primero quieren estudiar la documentación que el Gobierno de la ciudad ha presentado y, sobre todo, porque es esencial tener en sus manos el informe confidencial sobre la liquidación del convenio de tranvía. Dos motivos en los que coincidieron.
El grueso de los pagos pendientes entre la DGA y el ayuntamiento tiene que ver con el Urbos 3. Mientras que el consistorio insiste en que la cuantía asciende a casi 40 millones, el Ejecutivo autonómico la rebaja a 7,5 porque hay obras sin justificar, facturas duplicadas o que no le corresponde asumir. Uno de los responsables a los que Cs quiere llamar al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, titular de las arcas municipales durante la pasada legislatura. El mismo que en su día reclamó 40 millones y ahora está dispuesto a abonar poco más de siete.
Junto a él, la formación naranja quiere que declare la anterior responsable municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso, el que fuera responsable de Obras Públicas, Rafaél Fernández de Alarcón, y el antecesor de Gimeno y candidato a la secretaría general del PP por Zaragoza, Javier Campoy. Socialistas y populares que, por ahora se desconoce si serán llamados a desfilar por el consitorio. Solo Zaragoza en Común (ZeC) se mostró ayer públicamente a favor de su comparecencia.
La portavoz de C’s, Sara Fernández, acusó al «tripartito de la deuda» de querer «bloquear» el desarrollo de la comisión ya que no será hasta el 2 de mayo cuando se defina el calendario definitivo y las comparecencias. El resto de sesiones se celebraran los días 11, 12 y 15 de mayo -intercaladas con la comisión de investigación sobre Ecociudad-.
Los motivos
Fernández apuntó que «este extraño e inesperado tripartito» «busca esconder algo relacionado con las deudas». La portavoz instó a PP, PSOE y CHA a tener «un poco más de juego limpio y buscar el interés de los zaragozanos antes que proteger a sus cargos políticos».
Rivarés también manifestó su «sospecha» sobre el intento de «evitar que responsables como Gimeno den la cara acerca de los 40 millones pendientes del tranvía o del pago de las deudas tributarias». Acusó a los responsables populares de no querer dar explicaciones sobre la venta «irregular del 10% de los aprovechamientos de plaza que le correspondían al consistorio».
Desde el PP, María Navarro explicó que es esencial tener el informe sobre la liquidación del convenio del tranvía, por lo que pedirán que se retire su confidencialidad. «No tiene sentido pedir que comparezca alguien sin tener el documento», señaló. Navarro aseguró que su formación no estará presente en las supuestas intenciones de otros a «abrir batallas políticas o heridas».
El socialista Javier Trívez coincidió en que primero hay que tener todos los informes -a la espera del de liquidación- y después debatir si alguien debe dar explicaciones. «No tiene sentido decidir a quién vamos a llamar si hay informes pendientes de recibir».
El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, admitió que están a favor de que declaren los responsables propuestos por Cs pero, añadió, hay que hacerlo sin aventurarse, es decir, tras analizar los informes, «Salvo que cambie mucho la situación, estaremos a favor, pero primero hay que esperar a la documentación».
Además de la deuda del tranvía, sobre la mesa están los ocho millones por el impago del IBI, 77.985 por los planes de formación; otro 2,7 millones relaciones con la encomienda de ayuda de servicio a domicilio; 1,9 millones del IASS o los 39.838 euros por el uso las plazas concertadas de la Casa Amparo. El Instituto de la Juventud también le debe al ayuntamiento 3,9 millones.
