La ley de simplificación administrativa, un norma que debería facilitar la llegada de las ayudas europeas para la reconstrucción, se está convirtiendo en una paradoja en sí misma. Tramitada de urgencia en las Cortes de Aragón, desde los partidos de la oposición se está criticando que la falta de control sobre la misma. La semana pasada fue IU el grupo que alertó sobre las consecuencias de esta forma de sacar adelante el texto. Y este lunes los populares han denunciado que acabará complicando los trámites, pues los reglamentos que requiere tardarán años en estar desarrollados.
La portavoz del PP, Carmen Susin, garantizó que no van a poner "palos en las ruedas" al entender que el marco que propone la norma es necesarios, pero consideró que las prisas que quiere "imponer" la DGA no estás favoreciendo el desarrollo de la misma. Además, teme que se estén introduciendo cuestiones como la regulación de la deuda, de espacios de caza, que no tienen nada que ver. "Lo hacen por la gatera", ha dicho.
El portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, ha respondido rápidamente ante estas acusaciones. La formación naranja, impulsora del texto, defiende que aún se está trabajando en el documento, pero reclama no perder más tiempo. "Se ha abierto un periodo de enmiendas para coger la ley, desbrozarla articulo o articulo, y meter todos los elementos de mejor que se crean oportunos", ha defendido al señalar que existe el tiempo suficiente para llevar a cabo esta proceso, aunque no para retrasar su aplicación. "El tiempo que se gana políticamente se pierde en poder ofrecer una herramienta útil para empresarios y los propios funcionarios", ha acusado.
La ley de simplificación llega con la intención de unificar reglas disperso en al menos trece textos legislativos diferentes. Una situación que inquieta al PP. Susin ha manifestado que la fórmula de la declaración responsable ya está contemplada en otros procedimientos, temiendo que ante cuestiones como la protección del medio ambiente se produzca una desregularización efectiva. Por eso ha explicado que esta ley se tendría que trabajar de forma "racional" para que de verdad sirva para garantizar el reparto de los fondos europeos. "Las prisas no son buenas consejeras", ha zanjado.
Para Pérez Calvo, este documento es una oportunidad que va más allá de lo coyuntural. Implicará un cambio en la forma de relacionarse con la administración. Y ha recordado que el calendario de tramitación se decidió por unanimidad.
