El Pleno de las Cortes ha aprobado hoy la ley de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos, que incluye una subida de impuestos, con los votos de PSOE, CHA, Podemos e IU y el rechazo del PP, PAR y Ciudadanos, al considerar que sitúa a Aragón a la cabeza en presión fiscal.
Se trata de una ley con la que se pretenden recaudar unos cien millones de euros más al año que va a permitir actuar con suficiencia financiera en los servicios y marcan un compromiso para que sea así a lo largo de la legislatura, según ha manifestado el diputado socialista Alfredo Sancho, coordinador de la ponencia que ha estudiado el proyecto de ley.
La ley incluye modificaciones en el tramo autonómico del IRPF, con aumentos progresivos a partir de ingresos de más de 50.000 euros, en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio y que crea el de hidrocarburos y también impuestos ambientales que gravarán el transporte por cable -aunque se pretende aplazar su aplicación-, las líneas eléctricas de alta tensión y los embalses.
Sin embargo, el portavoz del PP, Antonio Suárez, ha aseverado que se trata de un "subidón" de impuestos que va a tener efectos negativos en sectores de actividad y gracias a las enmiendas de Podemos, el aumento del IRPF va a afectar a las clases medias, mientras no se reduce para quienes ganan menos ni se sube a quienes perciben más de 130.000 euros.
Además, ha apuntado que el incremento del tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que afecta a la compra de viviendas usadas y por tanto a quienes menos poder adquisitivo tienen, sitúa a Aragón a la cabeza, solo superado por Galicia y la Comunidad Valenciana.
Elena Allué, del PAR, ha ratificado el rechazo de su grupo a una ley que va a contribuir a que Aragón sea una de las comunidades con mayor presión fiscal de España y que a tenor de los cambios introducidos en la ponencia va a empeorar todavía más la situación de las clases medidas, una "incoherencia" en la que se han puesto de acuerdo PSOE, Podemos, CHA e IU.
Javier Martínez, de Ciudadanos, ha insistido en que la propuesta de la ley era "mala" pero ha quedado "todavía peor" con las enmiendas, incrementando la presión fiscal a las renta medias, y ha incidido en que no incluye medidas progresivas y en que se está "hipotecando" el futuro porque no favorece la activación económica.
Sin embargo, Héctor Vicente, de Podemos, ha insistido en que aumentar el tramo autonómico del IRPF a quienes ganan más de 50.000 euros no afecta a la mayoría de ciudadanos dados los salarios actuales, y ha defendido la necesidad de financiar adecuadamente los servicios para mantener la calidad del estado de bienestar en Aragón y de revertir una insuficiencia de fondos por una bajada "temeraria" del anterior Gobierno y de recortes "sangrantes".
Por el grupo mixto, Patricia Luquin, de IU, ha apuntado que la reforma incide en la progresividad y la redistribución y ha criticado el alarmismo de PP, PAR y Ciudadanos como si viniera el "apocalipsis", ya que con el artículo 135 de la Constitución y ley de estabilidad presupuestaria no a se puede hacer una reforma fiscal "ni bolchevique ni revolucionaria".
Gregorio Briz, de CHA, ha recalcado que no es una reforma excesivamente radicalizada, que el acuerdo para la investidura como presidente de Javier Lambán pasaba por desarrollar un sistema tributario justo y que sin ella no había posibilidad de llevar a cabo las prioridades presupuestarias del Gobierno y continuaría la senda de la austeridad y del recorte
Alfredo Sancho, del PSOE, ha afirmado que esta ley busca con una reforma tributaria más progresividad y justicia social con el objetivo claro reforzar las políticas sociales teniendo en cuenta que Aragón era la segunda comunidad con menos impacto impositivo, ha apuntado que el texto ha mejorado en la ponencia y ha afirmado, respecto al aumento del IRPF, que el 70 por ciento de los trabajadores gana menos de 20.000 euros y el 90 por ciento de 30.000.
