La presunta estafa de iDental que estalló el año pasado con la quiebra de la cadena del clínicas de odontología generó un aumento de reclamaciones antes los distintos órganos de Consumo del Gobierno de Aragón, que se incrementaron un 20% respecto al 2017 hasta alcanzar las 4.381 reclamaciones o denuncias. La repercusión de este asunto en el crecimiento es tan clara como que el 22,3% de las quejas fueron del ámbito sociosanitario, seguido por el de las comunicaciones y correos (9,4%) y los servicios generales de abastecimiento (7,5%).

Fueron algunos de los datos desgranados ayer por la directora general de Consumo del Gobierno de Aragón, Ros Cihuelo, durante la presentación de los actos del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra este viernes.

Aunque la DGA también achaca el aumento de quejas al «mayor conocimiento de los consumidores de sus derechos», Cihuelo admitió la influencia del asunto de iDental en la evolución de las reclamaciones. De hecho ofreció algunos datos actualizados del asunto, para «dimensionar» el problema. Por ejemplo, que solo un 5% de los afectados han pedido su historia clínica desde que la DGA tiene autorización para darla, el pasado mes de septiembre. Han sido 687 pacientes de 13.392 afectados. O que solo un 8%, 1.081, han puesto alguna reclamación, y no todas «de gran calado».

CONSULTAS

Paradójicamente, mientras el numero de quejas y reclamaciones creció el año pasado, el de consultas de los consumidores y usuarios descendió, de más de 100.000 a casi 86.000. Cihuelo lo achacó a que se ha implantado un nuevo sistema de cómputo en algunas comarcas, por lo que para una comparación real habrá que esperar al año que viene.

En las consultas destacan las de telecomunicaciones, 16.197 (por problemas de facturación, de darse de baja o de hacer la portabilidad, sobre todo), seguidas de cerca por las de los bancos (cláusulas abusivas, cargos no autorizados, etc.). Al respecto, la directora general afirmó que ambos sectores han mejorado mucho en cuanto a resolución extrajudicial de conflictos, y en el primer caso más de la mitad de las reclamaciones han sido resueltas por la Junta Arbitral de Consumo.

Fruto de las quejas e inspecciones se tramitaron 206 expedientes sancionadores el año pasado, sobre todo en textil, automoción y alimentación.