El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha avanzado este jueves que la reforma del ICA, en la que ya trabaja el Gobierno, se planteará a través de una ley exclusivamente tributaria y conllevará su desdoblamiento en dos figuras, impuesto y en tasa, con el ánimo de resolver el conflicto.

Por tanto, el consejero, en su comparecencia ante el pleno para explicar a petición del PP los términos de esa reforma, ha aclarado que no se hará con una modificación de la Ley de Aguas y Ríos, sino con una ley tributaria, y ha rechazado de plano que el propósito sea aumentar la recaudación y la presión fiscal -de las que han alertado Cs y Vox-. "No soy un suicida", ha aseverado.

Lo que sí ha indicado es que se reducirá la parte fija, y eso se traducirá en un recibo menor para quienes menos consuman, que se aplicará con criterios de progresividad, corrigiendo anomalías, y que conllevará una reducción en el grado de recuperación de costes, en el que Aragón está a la cabeza pero no pasará "a la cola".

Ha admitido que no era muy partidario de desdoblar el ICA, y se hará en un impuesto para todos y una tasa donde se preste el servicio de saneamiento y depuración, pero le han "convencido" de que es la fórmula más adecuada.

Los sujetos pasivos serán los usuarios del agua, que son los que contaminan, y no los municipios en sentido abstracto, con recaudación directa, como el modelo actual, y tarifa progresiva.

En todo caso, Olona ha insistido en que la reforma forma parte de los acuerdos de los cuatro socios de Gobierno y supone además cumplir con el mandato de las Cortes para resolver definitivamente un problema complejo, y ha avanzado que la orden de inicio de la ley para su modificación está suscrita por él y por el titular de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.

Olona ha respondido así al diputado del PP Ramón Celma, quien ha criticado que los socios del Gobierno analicen el problema siempre desde un punto de vista partidista, alejándose "de lo racional", porque solo así se entiende que la hoy directora general de Cambio Climático, Marta de Santos, (Podemos) dijera que el ICA nació para ocultar el "despilfarro del plan de saneamiento".

Y ante esta situación, ha exigido al consejero que dé "seguridad" respecto a la forma y que no "manoseen" el concepto de consenso en un simple "cambalache entre distintos partidos", y tras ironizar con la prisa que tenía Podemos la pasada legislatura para su anulación, ha cuestionado si realmente les preocupa la recuperación de costes, el principio de quien contamina paga o que los aragoneses paguen por encima de la media nacional también en impuestos ambientales.

En ese sentido, ha indicado que habría que bajar el 33 % el ICA a más del 65 % de los usuarios que lo pagan para estar en la media.

Por el resto de grupos, Javier Martínez, de Cs, ha apuntado que la reforma puede quedarse en un mero cambio de nombre y que lo que preocupa es si el recibo va a subir o bajar, un aspecto en el que ha coincidido Ramón Morón, de Vox, quien ha insistido en que lo importante es saber qué va a implicar para el bolsillo de los aragoneses y si supondrá un aumento de la presión fiscal.

Darío Villagrasa (PSOE) ha acusado al PP de tratar de "enredar" intentado buscar desacuerdos del cuatripartito en época electoral y Marta Prades (Podemos) ha celebrado el inicio de los trabajos en esa ley, lo que demuestra que el Gobierno cumple y se toma en serio sus compromisos para evitar una fiscalidad desigual para pagar lo que sea lo justo.

Joaquín Palacín, de CHA, ha reclamado que la reforma se haga cuanto antes para resolver un "cóctel complicado" y Esther Peirat, del PAR, ha admitido el conflicto que genera este impuesto y ha destacado la celeridad del Gobierno para abordar su resolución.

Por su parte, Álvaro Sanz, de IU, ha criticado que se gire el recibo cuando está en marcha la reforma del ICA, un aspecto en el que ha coincidido tras el debate el portavoz de la Red de Agua Pública de Aragón (Rapa), Miguel Ángel Luis Oliván, quien ha tachado de "auténtica locura" que se haya girado el recibo de 2018 sin esperar a la reforma, porque nada obliga al Gobierno a hacerlo ya.

Ha destacado además la trascendencia de que la reforma se haga a través de una ley tributaria, porque por primera vez se reconoce que se trata de una cuestión de recaudación y no ambiental, y que la clave en la división entre tasa e impuesto estará en "cuánto cada cosa".

"No se ha avanzado gran cosa en lo que es la información", ha concluido.