El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, escenificaron ayer, por separado, por qué llevan meses intentando poner fecha a la bilateral entre el Gobierno autonómico y el ayuntamiento de la capital. Ni la tiene ni la tendrá mientras no se resuelva una diferencia irreconciliable: incluir o no el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) en el orden del día. Y, mientras uno lo pone y el otro lo quita, se intercambian golpes a través de los micrófonos. El presidente, en una entrevista en Radio Zaragoza, vino a decir que «hablar con el ayuntamiento no es sencillo para nadie». El alcalde replicó que el socialista solo juega «al peloteo» y que es urgente que este mismo mes se celebre la reunión incluida en la ley de capitalidad.

Las relaciones distan mucho de la cordialidad de meses atrás y se nota cada vez que uno habla del otro, pero las posiciones están más que enrocadas. Para Santisteve, según declaró ayer, Zaragoza lleva desde el 2014 esperando el dinero de la DGA para acometer el sellado del vertedero (más de 11 millones) o el pago de los 39 millones del tranvía, o los 7,8 en los que dijeron sus técnicos que se quedaba la liquidación del convenio. «Aún estamos esperando a verlos», aseguró.

«Es absurdo esto de jugar al peloteo», explicó el alcalde, quien urgió la convocatoria para cerrar acuerdos que ya están definidos, como el convenio que regula la prestación de servicios sociales por parte del consistorio, una especie de pacto de mínimos, ya que el ayuntamiento siempre ha concedido una «colaboración máxima», por ejemplo a la hora de ceder espacios para colegios e institutos. La bilateral, a su juicio, «tiene que ser un éxito», para dos instituciones que están siempre «a la greña».

Pero no aclaró por qué el ICA no debe entrar en ese orden del día. Como se le ha comunicado a la DGA. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en declaraciones a este diario, explicó que hay dos puntos «fundamentales» a incluir en esa bilateral: «el convenio económico financiero de la ley de capitalidad que Zaragoza tiene que firmar para cobrar por los servicios que está prestando, y la propuesta para el ICA, para la que «todavía no ha dado respuesta». «Nos tienen que decir qué piensan o qué quieren cambiar. Lo que no pueden pretender es ir a una bilateral para abordar solo los temas que les interesa a ellos», dijo el consejero.

Guillén, además, aclaró que ZeC «reclama 25 millones pero, por ejemplo, no quiere atender los 10 que nos adeuda por la depuradora de Utebo», que presta servicio al barrio rural de Casetas. Para el Ejecutivo autonómico, el acuerdo por el ICA es «vital», sobre todo por facilitar un «cobro de forma pacífica».