Las relaciones de la comunidad autónoma con otras administraciones nunca han sido fáciles ante la falta de población y peso político de Aragón. Este año no ha sido una excepción y la agenda política tiene pendientes prácticamente todas las cuestiones demandadas secularmente. Para la oposición, el Gobierno de Rudi es sumiso y se rinde ante los principios de Moncloa, considerando a Rudi una delegada del Gobierno central.

Rudi goza de buena relación con Montoro, quizá el ministro que ha tenido más protagonismo en Aragón, junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Orgánicamente, también la tiene con Rajoy, aunque este ni se ha reunido con ella ni ha visitado la comunidad desde hace un año para cuestiones que no sean de partido. Sí han sido buenas con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, dada su cordialidad con los regantes que han permitido acuerdos hidráulicos.

PRESUPUESTOS GENERALES Los presupuestos estatales siguen siendo exiguos, a pesar de que tras la mala dotación del 2013 se han incrementado del 3,1% al 3,8%, lo que satisfizo a la DGA. Se ha mantenido el Fondo de Inversiones de Teruel, aunque la firma ha tenido retrasos. Lo que mejor ha funcionado en las relaciones institucionales han sido las ayudas y actuaciones de emergencia ante desastres naturales, donde se ha actuado con diligencia y han convocado rápidamente las ayudas.

Negativos o nulos han sido los avances por la travesía central, el Canfranc o la mejora de las infraestructuras transfronterizas. Aunque ha habido más de treinta contactos, no se ha logrado ni un paso positivo y en los últimos meses la estrategia ha consistido en arremeter contra las autoridades galas por su desinterés. Lo cierto es que, además de la inacción francesa, el recorrido institucional de los pasos transfronterizos ha sido corto.

Ha habido leyes estatales muy controvertidas que han contado con el apoyo del Gobierno de Aragón, como la del aborto o la de educación. Otras han causado más críticas, como la de las tasas de Justicia, que se ha recurrido al Constitucional, o la de Justicia Gratuita, en las que se pide una compensación del Estado que puede acabar en los tribunales. Además, Rudi ha insistido en que no aceptará trasvases.