Un informe de la comisión de Peticiones del Parlamento europeo aconseja a Bruselas que se replantee "seriamente" su decisión de conceder 80 millones de euros para el trasvase Júcar-Vinalopó, una obra que el anterior Gobierno central del PP dejó iniciada y que se consideró un primer paso para el derogado macrotrasvase del Ebro. Este documento supone un duro golpe para los proyectos hidráulicos diseñados por el anterior Ejecutivo, que provocaron una fuerte polémica durante los últimos cuatro años.

La transferencia del Júcar al Vinalopó, una cesión intracuenca, se inició el año pasado, con un presupuesto de más de 300 millones de euros, 80 de los cuales el Ministerio de Medio Ambiente solicitó a la Comisión Europea. Tras varios informes de Bruselas que mantuvieron paralizado el proyecto durante meses ante las serias dudas que suscitaba y ante la fuerte controversia abierta por el trasvase del Ebro, la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea aceptó conceder la financiación, pero bajo unas condiciones muy estrictas. Entre otras, la imposibilidad de que la cuenca del Ebro se viera afectada por la cesión del Júcar-Vinalopó.

Y es que los detractores de la política trasvasista aseguraban que ese trasvase intracuenca era el primer paso del del Ebro, pues el Júcar recuperaría con agua de este último los aportes que hiciera al Vinalopó.

Según publicó ayer el diario Levante en su edición digital, la comisión de Peticiones del Parlamento europeo estima que Bruselas "debe reconsiderar seriamente su decisión" de aportar 80 millones de euros para el Júcar-Vinalopó. El informe de este órgano de la Eurocámara se votará en breve y es el resultado de una denuncia del colectivo ecologista WWF/Adena.

La citada comisión subraya en las dudas mostradas por la dirección general de Medio Ambiente sobre el caudal ecológico del Júcar o la existencia de excedentes en ese río. También ve "extraño" que se apruebe la subvención de una obra cuando no se ha asegurado "el cumplimiento de las condiciones marcadas".

El documento cuestiona al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por basarse sólo en argumentos de los defensores del proyecto para aconsejar su financiación, un consejo que fue la base de la posterior decisión de otorgar la ayuda.

Ese proyecto se inició el pasado año, cuando gobernaba el PP y era ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez, hoy en la oposición. Los contratos de dos de los cuatro tramos de la cesión del Ebro, que también empezó Rodríguez, han sido rescindidos, tras la derogación de la obra por el Gobierno del PSOE.