Los tres ayuntamientos afectados por el proyecto de embalse de Biscarrués (Huesca) han denunciado ante la Audiencia Nacional uno de los trámites administrativos de la obra, cuya paralización cautelar no descartan pedir si se lleva a cabo en los próximos meses su licitación.

Así lo han asegurado hoy en rueda de prensa los alcaldes de Biscarrués, José Torralba; Murillo de Gállego, Marta de Santos, y Santa Eulalia de Gállego, José Antonio Casaucau, quienes se han mostrado convencidos de "ganar" en los tribunales el contencioso interpuesto.

En concreto, los alcaldes han dirigido su contencioso contra la aprobación del proceso de información pública del anteproyecto de la obra por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Como codemandados en el contencioso figuran la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, principal beneficiaria de las obras de Biscarrués, y el Ayuntamiento de Fraga, que confía en disponer de una parte de los caudales regulados para el desarrollo de regadíos.

Según ha explicado el alcalde de Biscarrués, la demanda fue interpuesta en mayo de 2012 pero no pudo ser formalizada hasta junio de 2013 debido a que el expediente de la obra aportado por el Ministerio no incluía alrededor de cuarenta documentos aportados por los ayuntamientos durante su tramitación, entre otros dos informes técnicos contrarios al proyecto.

Torralba ha comentado que los ayuntamientos afectados han solicitado a los responsables ministeriales una copia del protocolo suscrito con Riegos del Alto Aragón para la construcción del embalse a fin de conocer los términos exactos del acuerdo, pero ha insistido en la decisión de solicitar la paralización del proyecto si finalmente se licita.

El edil ha cuestionado, además, la aprobación de la declaración de impacto ambiental, con cuatro informes oficiales que desaconsejaban la ejecución del proyecto por motivos técnicos, de seguridad, hidrológicos y medioambientales.

Ha destacado, asimismo, que uno de estos informes, elaborado por el Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), fue incluido en el expediente dos días antes de la aprobación de la declaración de impacto.

Los alcaldes han asegurado estar confiados en obtener una respuesta positiva de la Audiencia Nacional a su demanda ya que la mayor parte de los informes técnicos incluidos en el expediente desaconsejan la obra.

Respecto a la posible petición de paralización cautelar de la obra, Torralba ha asegurado que el único precedente que recordaba se produjo en Itoiz a finales de los años ochenta del pasado siglo.

Entonces, ha añadido, los tribunales, para atender a la petición de paralización, solicitaron a la asociación de vecinos afectados una fianza de 13.000 millones de pesetas (78 millones de euros) a la que no pudieron hacer frente.

La alcaldesa de Murillo de Gállego ha asegurado que la oposición de los ayuntamientos afectados "no se hace porque sí", sino porque conocen "todas las chapuzas y sinsentidos de un proyecto que no tiene una finalidad clara ni eficaz".

A este respecto, los alcaldes han recordado que, según datos de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), sólo cuarenta días al año el río Gállego transporta un caudal de más de 90 metros cúbicos por segundo, cantidad mínima, han añadido, para poder empezar a embalsar.