Precisamente ayer, el transporte sanitario protagonizaba dos de los puntos del pleno de las Cortes, uno para pedir que los técnicos fueran considerados autoridad a efectos de castigar las agresiones que sufren -que no salió adelante- y otro sobre la calidad del servicio.

A este respecto, la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, aseguró que la prestación asistencial sanitaria del 061 es «excelente» aunque sea «mejorable». De hecho, acusó a la diputada del PP Ana Marín, que había propuesto su comparecencia, de crear «alarma social» y elevar «las incidencias a la categoría de problemas», según recogió Efe.

En opinión de la consejera, la situación es «de satisfacción», aunque haya muchas incidencias. Recordó que el presupuesto del servicio se ha incrementado hasta los 77,3 millones de euros, un 28% más que el anterior, con el fin de atender las características del territorio aragonés, las subidas salariales y la inversión en equipamientos.

La consejera repasó la entrada en servicio de 88 nuevas ambulancias, 4 más que antes, y 18 de ellas de soporte vital básico, que aumentan hasta 45 este tipo de vehículos. Negó que el medio rural esté desatendido, como le reprochó Marín, e indicó que en enero del 2020 entrará en servicio un vehículo de soporte vital básico en Mosqueruela y se reforzará el eje Zaragoza-Teruel con otro, con sede en Calamocha.

Sobre las acusaciones de no vigilar a la contrata, indicó que tiene establecida una comisión de seguimiento mensual con ella para «hacer frente a las incidencias», porque hay que discernir entre «problemas e incidencias» y «reconocer prioridades”.

Las explicaciones de Ventura no contentaron a la oposición, incluida IU, y ni siquiera a su socio de Gobierno, Podemos-Equo, cuya diputada Itxaso Cabrera, apostó por que se internalice el servicio, lo que también pidió Álvaro Sanz por Izquierda Unida.

Para la popular Ana Marín, que pidió la comparecencia, el contrato de transporte sanitario urgente «adolece» de cuestiones que ya fueron advertidas previamente, y consideró desde que entró en vigor hace 15 meses la situación «ha empeorado» y acumulado deficiencias que inciden en trabajo de profesionales y en el servicio y atención a usuarios, siendo el medio rural el «pagano» de las mismas.

Entre otros problemas apuntó que las ambulancias convencionales prestan servicio de transporte urgente con un solo técnico profesional, que faltan bases operativas -y las ambulancias se aparcan a la intemperie- y que los trabajadores tienen que desinfectar su propia ropa.