Los "abusos policiales" cometidos en la escuela Díaz de Génova tras las manifestaciones antiglobalización, celebradas en julio del 2001 en el marco de una reunión del G-8, serán analizados el 26 de junio en la vista preliminar de un juicio en el que aparecen imputados treinta agentes. Entre los 91 denunciantes, que inicialmente fueron detenidos, figuran trece aragoneses. Algunos de ellos incluso sufrieron distintas lesiones como fracturas o politraumatismos.

Según explicó el abogado de la acusación particular, Emanuele Tambuscio, que pertenece al Foro Legal de Génova, los cargos que se atribuyen a los agentes son falsedad en sus declaraciones, calumnias y lesiones. "Dos agentes reconocieron que llevaron dos cócteles molotov a la escuela y los depositaron allí para inculpar a los presentes. Y hay una cinta de vídeo que apoya esta tesis. Además, un policía, con el apoyo de sus superiores, denunció un falso acuchillamiento como pretexto para el asalto al local", indicó Tambuscio durante una rueda de prensa celebrada ayer en Zaragoza.

Junto a estas cuestiones, la acusación basará su argumentación en los certificados médicos de 63 personas que resultaron heridas. Sin embargo, en la vista preliminar no se solicitarán penas. Entre los imputados, figuran altos cargos como el jefe de la lucha Antiterrorista italiana, Francesco Gratteri, y el actual jefe de la Policía Antiterrorista Política de la Unión Europea, Gianni Luperi.

"Lo peor de todo es que después de lo que sucedió --un hombre incluso resultó muerto por disparo de bala de un policía-- nadie fue suspendido de su cargo, sino que algunos como Luperi incluso ascendieron", apuntó Tambuscio. De ahí que el abogado del Foro Legal de Génova considere que el proceso será "muy complicado".

"Hay muchos intereses encubiertos. Lo más difícil será establecer las responsabilidades individuales de los implicados. Pero al menos el juicio seguro que tendrá lugar gracias a la presión ejercida por dos fiscales", añadió Tambuscio, en alusión a los fiscales Monica Parrentini y Francesco Cardona, que ya se desplazaron a Zaragoza en marzo del 2002 para interrogar a los aragoneses.

SEGUNDO JUICIO Tras el "asalto" de la escuela Díaz, todos los detenidos fueron trasladados a la Unidad Móvil de la Policía de Bolzanetto antes de ingresar en prisión preventiva. Sólo quienes sufrieron heridas de gravedad fueron encarcelados directamente tras ser atendidos en centros sanitarios --entre éstos figuran tres aragoneses--. En Bolzanetto, explicó Alberto --uno de los aragoneses detenidos--, sufrieron "torturas".

De ahí que se hayan iniciado los trámites de un segundo proceso, cuyo juicio aún no tiene fecha, contra otras 40 personas por lo sucedido en las instalaciones de la Policía. Pero Tambuscio subrayó que al no existir ese delito en Italia, la acusación será por "injurias y lesiones".

De esta manera, los 91 denunciantes han pasado de acusados a acusadores, ya que inicialmente se les detuvo por tenencia de armas, asociación de malhechores, resistencia a la autoridad y agresiones. Pero la juez Anna Vivaldi decretó el archivo de esta acusación el pasado 3 de febrero.