El Ayuntamiento de Zaragoza afronta nuevamente la ocasión de dar el paso decisivo para abandonar, cinco años después, el plan de ajuste, la tutela a la que está sometido desde el 2012 por parte del Ministerio de Hacienda. La clave está en elegir a qué crédito bancario destinar los 11.354.435 euros del remanente de tesorería del 2016 para realizar una amortización anticipada. Cuatro eran las alternativas posibles pero ahora se conoce que solo dos son válidas. Entre ellas solo existe una diferencia de entre 14.000 y casi 20.000 euros, pero la que más ahorro generaría no les dejaría abandonar el yugo del Gobierno de Mariano Rajoy.

El responsable de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, presenta hoy de nuevo la propuesta que ya adelantó a los grupos municipales el mes pasado. Pero el abanico de opciones ya no es tan amplio como entonces. El interventor municipal ha excluido de la pelea a dos de las cuatro alternativas que planteaba la oposición como opciones más aconsejables por el ahorro que representaría su cancelación anticipada. En ambos casos (de 714.396,6 y de 1.071.135,83 euros, respectivamente) por el mismo motivo: «no puede destinarse el remanente de tesorería para gastos generales al pago de comisiones, gastos o indemnizaciones derivados de la amortización anticipada de operaciones de crédito a largo plazo pues solo puede destinarse a reducir endeudamiento». Así lo concluía el pasado 22 de junio el interventor en un informe que será clave en el debate de hoy.

Porque la decisión es meramente política y está entre dos opciones. Una, la que defendía el PP y que resulta ser más económica para las arcas, y otra, por la que apostaba el edil de Zaragoza en Común (ZeC), que solo lo empeora entre 13.508,43 y 18.733,67 euros, pero que acabaría con cinco años de restricciones en la gestión y en la imposibilidad de acudir a financiación externa para afrontar nuevas inversiones. Por menos de 20.000 euros que no representa más gasto sino menos ahorro neto para las arcas.

Así se presenta en la comisión de Economía hoy, con informe del interventor, datos facilitados por las propias entidades bancarias y un decálogo de ventajas para la ciudad por salir del plan de ajuste de las que son relevantes solo la de liberarse de esa imposibilidad de captar más deuda, la opción de crear nuevas sociedades o la de abandonar un yugo, el de Hacienda, que solo sufre todavía Zaragoza entre las grandes ciudades españolas y que le privan, por ejemplo, de «crear empleo público sin estar sometido a la medidas que lo coartan, impiden o condicionan».

Pero ZeC necesita mayoría para destinar esos 11,3 millones a amortizar los dos únicos créditos aún vivos del plan de pago a proveedores del 2012 (los del ICO). El ahorro neto oscilaría entre 468.948,25 y 521.618,83 euros (variación del 5%). La otra alternativa, que defiende el PP, es amortizar uno del BBVA y parte de otro con el Banco Santander, que generaría un ahorro de entre 487.681,92 y 535.127,26 euros. Pero a Rivarés le preocupa más la opinión del PSOE, con dudas.