El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) no es que se haya caracterizado en esta legislatura por su afición a coleccionar amistades en el salón de plenos, pero sí que, acertadamente o no, se vislumbraba una cierta estrategia en los numerosos aldabonazos que ha dado a la vida municipal. Un efecto dominó que espoleaba o que simplemente convertía el habitual todos contra uno en una forma de ensalzar apuestas políticas que, por la vía del diálogo, nunca habría conseguido. Pero en la del pasado 9 de febrero, cuando decidió expulsar a toda la oposición de la toma de decisiones de las sociedades municipales, se le presumía un ambicioso plan de impulso a proyectos de calado bloqueados por el resto de grupos.
Ahora, seis meses y cuando todo apunta a que aquel artículo de la ley de capitalidad -el ya famoso 14.1.u- en la que basó el golpe podría tener fecha de caducidad a la vuelta del verano, le toca hacer balance. ¿Ha merecido la pena? ¿Ha fallado la estrategia? ¿Había un plan b? Lo cierto es que si se hace un repaso a lo aprobado unilateralmente, no está tan claro que el beneficio sea el esperado.
El balance no puede limitarse a las dos decisiones políticas de más calado adoptadas hasta la fecha: el cese de dos de los gerentes que había. Miguel Ángel Portero, en Ecociudad, y Elena Laseca, en Zaragoza Cultural, salieron poco después del 9-F. En su lugar entró Joaquín García Lucea en la sociedad del saneamiento y el actual director general de Cultura en el consistorio, Saúl Esclarín, asumió las riendas de la entidad cultural. Pero ese no podía ser el objetivo, o al menos no solo.
Transcurridos seis meses, cuesta entender que la sociedad municipal con más músculo financiero, Zaragoza Vivienda, tenga contabilizados en el 2018 solo 8 contratos, uno de ellos en fase de licitación que es el de cesión de uso de suelo municipal durante 75 años a cooperativas -un remake adaptado de la iniciativa que llevó el PSOE a las elecciones del 2015- en solares de las calles San Blas (94-96-98), Manuel Lacruz (20) y Mariano Lucas (3) cuyo plazo de presentación de ofertas culmina en octubre. Otros siete están adjudicados, pero 5 de ellos son contratos menores (de menos de 30.000 euros) y algunos referidos a proyectos ya iniciados por CHA (estudio sobre las futuras azoteas verdes en edificios públicos) o de los socialistas (las nuevas viviendas de usos comunitarios en Las Fuentes). Escaso bagaje para una entidad pública acostumbrada a otro tipo de apuestas políticas.
Y quizá sea la que más peaje esté sufriendo con tanto enconamiento con los grupos de la oposición. Uno de sus proyectos estrella, el de la reconversión del antiguo cuartel de Pontoneros, sigue en el cajón con todo listo -proyecto, financiación y viabilidad estudiada...-, pero el rechazo del PSOE, al que muchos sitúan en el epicentro de este terremoto de febrero, lo aparcó para siempre. Porque aunque ZeC hubiera intentado impulsarlo unilateralmente, no habría podido. La oposición le cerró el grifo y la DGA lleva meses sin autorizar la captación de 24,8 millones de deuda bancaria que costearían este y otros proyectos de inversión.
Otra de las sociedades que ZeC quería controlar era Ecociudad, y su balance actual es de 11 contratos en seis meses, sobre actuaciones de gestión ordinaria de los trabajos del saneamiento. Pero ni sustitución de tuberías, como se consignó en el presupuesto a petición del PSOE ni las municipalizaciones por las que suspiraba el responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero. Nada.
La que más actividad ha tenido es Zaragoza Cultural con 49 contratos en licitación, adjudicados o ya formalizados. Lógicamente, la proximidad de las fiestas del Pilar obliga a mover papeles. Y a velocidad de vértigo. Una de las tónicas habituales en las sociedades en estos seis meses ha sido el uso del contrato menor. En Zaragoza Deporte, se han contabilizado 15 adjudicaciones, de las cuales 11 correspondían a esta modalidad. Agiliza el proceso y minimiza el control (aún más) de la oposición. Zaragoza Turismo tampoco lo mejora: los cuatro que ha hecho han sido así. Y Desarrollo Expo, en liquidación, ni un contrato este año.
A todo esto ZeC no responde, calla. Así que el ciudadano se puede preguntar si mereció la pena, ahora que el Constitucional debe valorar si fue legal la maniobra de aquel 9 de febrero.
