El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha optado por el ataque para restar importancia al demoledor informe del asesor jurídico de Ecociudad que atribuye hasta cinco posibles delitos al alcalde Pedro Santisteve. El portavoz del grupo municipal, Pablo Muñoz, se limitó a decir que tiene «intencionalidad política» y que, por lo tanto, no le dan validez.
La oposición, cauta en sus declaraciones, mostró ayer su «preocupación» por las «graves» conclusiones del documento y mañana decidirá en el Consejo de Administración Extraordinario de Ecociudad si pone en conocimiento de la Fiscalía el texto. Todo apunta a que así será porque, coinciden, en que como consejeros tienen responsabilidades y obligaciones en caso de conocer que se ha podido producir un delito. La duda está en si habrá querella.
Según el texto, solicitado por el pleno tras la comisión de investigación, se le pueden imputar delitos de prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos públicos, acoso laboral al gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, y falsedad documental. A los concejales Teresa Artigas (anterior vicepresidenta) y Alberto Cubero se les imputa los delitos de prevaricación y acoso laboral.
Un día después de que el Gobierno de ZeC cuestionara la profesionalidad del asesor jurídico de la sociedad municipal, José Antonio Sanz Cerra, Muñoz le restó credibilidad y aseguró que en sus conclusiones existe una «clara intencionalidad política».
COMUNICACIÓN / El concejal de ZeC criticó que el ayuntamiento no haya tenido «comunicación oficial del mismo», pese a que fue entregado a los asesores que forman parte del Consejo de Administración de Ecociudad el martes, entre los que se encuentran varios asesores técnicos del Gobierno de Santisteve. Este hecho hace creer al equipo del alcalde que tiene intenciones políticas como «siempre ha tenido este proceso», en relación a la comisión de investigación que solicitó el PSOE.
Los grupos de la oposición coincidieron en la gravedad del informe jurídico y las consecuencias que podría tener.
El portavoz del PP, Jorge Azcón, calificó de «extraordinariamente graves» los delitos que se le atribuyen a Santisteve. «El documento confirma que las cosas no se estaban haciendo bien y que el alcalde estaba utilizando la sociedad para fines propios». Para la concejala del PSOE Lola Ranera el texto «evidencia la intencionalidad y la dudosa actuación de Cubero y Artigas y los pasos dados por el alcalde de acudir a la Fiscalía».
Desde C’s, Alberto Casañal, incidió en lo «sorprendente» que resulta que Santisteve iniciara todo este proceso para cesar al gerente «en lugar de iniciar una negociación». El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, aseguró que el carácter del informe «es preocupante porque viene a corroborar que el proceso de información reservada fue más propio de la Inquisición porque no tuvo garantías».
COMISIÓN / La comisión se llevó a cabo después de que el alcalde iniciara un procedimiento de información reservada y acudiera a la Fiscalía sin previo aviso al consejo de administración y con una denuncia sin fundamentar y que se demostró que no era cierta. Denunció una serie de irregularidades en la depuradora de La Almozara que se realizaron con el consentimiento del gerente, Portero, y la contrata Drace sobre unas mejoras que se tenían que implementar en la planta y que, según Artigas y Cubero, no se habían realizado. Acabó con el sobreseimiento libre y archivo de la causa. Durante la investigación salió a la luz un informe del departamento de Infraestructuras en el que se constataba que las mejoras se habían hecho y que no se adjuntó en el expediente de información reservada.
