Stepa denuncia que una cuarta parte de la plantilla de la DGA son plazas vacantes o en comisión de servicio

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (Stepa) ha denunciado que la actuación en Función Pública del Gobierno PP-Vox presidido por el popular Jorge Azcón se define por “la imposición, la falta de transparencia y la gestión incompetente” y que continúan agravando los problemas de plantillas insuficientes, caos jurídico, temporalidad e incumplimiento de la ley de la anterior etapa con Javier Lambán. Como ejemplo de la situación, destaca que en Administración General trabajan 12.189 empleados y hay 1.453 plazas vacantes, lo que supone que el 12% de los puestos están sin atender. Y otros tantos funcionarios fijos están en comisión de servicio. Estas dos anomalías representan nada menos que la cuarta parte de la plantilla.

Stepa ha incidido en que las denuncias que se suceden sobre el atasco en distintos servicios “entre los últimos algunos tan básicos como la valoración de las ayudas a la dependencia o las autorizaciones a empresas del INAGA” prueban que la Administración autonómica “va camino del colapso” y que PP-Vox “han aumentado incluso la nefasta gestión de personal y el deterioro de la Administración" del anterior Ejecutivo de Javier Lambán.

Este número de vacantes está creciendo rápidamente a consecuencia de los ceses masivos de trabajadores temporales. Según los cálculos del sindicato, aumentó en 174 personas solo entre febrero y marzo, con un ascenso del 13,6%, provocando cada vez peor atención a los ciudadanos y mayor sobrecarga y tensión en los empleados públicos, por lo que considera que “no es descabellado pensar que se busca la ineficacia de esta Administración como antesala de la externalización de servicios”.

Empleo público "sin plazas fijas ni definitivas"

La temporalidad no ha dejado de aumentar año tras año y según los últimos datos oficiales (de junio de 2023, ya que sigue pendiente de publicación el Boletín de Personal de diciembre), tienen contrato temporal el 56% de los empleados en la DGA, frente al 11% en el sector privado.

El boletín de personal también señala que en esa fecha, además, el 28% de los funcionarios y laborales fijos, más de 1.500 en total, no ocupaba su destino definitivo, sino una plaza provisional en comisión de servicios, una fórmula que según la ley se limita a casos “de urgente e inaplazable necesidad”.

Stepa señala que el concurso abierto y permanente de traslados abierto por el Gobierno de Aragón para acabar con esta situación “ha sido un completo fracaso” y no ha servido para que los funcionarios de carrera promocionen adecuadamente y estén satisfecho con los puestos adjudicados por la baremación, y tampoco para reducir el índice de destinos provisionales.

El proceso está recurrido en los Tribunales y no dejan de publicarse diariamente en la intranet nuevas comisiones de servicio, continuando la inestabilidad y el número de vacantes, ya que el principal efecto ha sido que se han producido unos 300 ceses de temporales por el efecto cascada del movimiento de personal fijo, aunque luego el adjudicatario haya pedido otra plaza y quede desocupada.

"La apisonadora contra los temporales"

El sindicato ha denunciado que estos ceses “vulneran con palmaria claridad la ley 20/2021 y la jurisprudencia europea”, ya que afectan a trabajadores temporales con más de tres años de antigüedad en sus puestos, que tienen derecho a pasar a fijos, la misma sanción ante el abuso de temporalidad que se aplica en el sector privado, o en su defecto a elevadas indemnizaciones.

Asimismo, a consecuencia de otros procesos "han ido a la calle" unas 250 personas más y la estimación es que hasta el verano se sumarán más de mil trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres de edad avanzada y con muchos trienios de servicios prestados.

Stepa ha resumido que la política laboral del Gobierno de Aragón se basa solamente “en seguir con la apisonadora para echar temporales, sin otro objetivo que reducir las elevadas tasas de temporalidad”. En este sentido, el sindicato ha recalcado la “hipocresía de no cumplir la ley cuando obliga a identificar y consolidar las plazas de quienes han sobrepasado los tres años, a la vez que Función Pública busca cesar a los interinos que van a cumplir ese límite”.

“El Gobierno de Aragón es responsable de no haber resuelto en plazo los procesos selectivos para cubrir las plazas fijas necesarias y seguir adelante con los despidos de temporales en abuso conllevará a medio plazo, o bien a duplicar puestos de trabajo, o a desembolsar cuantiosas indemnizaciones, proporcionadas y disuasorias al fraude cometido”, ha concluido el sindicato.

Falta de transparencia

STEPA, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón en coalición con CATA, ha reclamado identificar todas las plazas de temporales en abuso, retirarlas de cualquier otro sistema de provisión de puestos para no echar a ninguna víctima a la calle y acelerar la ejecución de las convocatorias priorizando el concurso de méritos, como “el sistema más ágil y económico”.

Por el contrario, el sindicato denuncia que "el Gobierno de Aragón ni siquiera ha cumplido con el primer y obligado paso de informar qué plazas cumplen con los requisitos legales para optar a la fijeza". Por este motivo, Stepa ya presentó una queja al Justicia de Aragón, el pasado mes de enero; sin embargo y en una nueva muestra de la falta de transparencia del Ejecutivo de Jorge Azcón, la propia institución ha informado de que el Departamento de Hacienda y Administración Pública no ha contestado todavía a la petición, de obligado cumplimiento, de facilitarle la información sobre las cuestiones planteadas.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón ha recalcado que continuará sus acciones para que se cubran todas las vacantes dotadas sin ocupar por funcionarios de carrera y no se prescinda de la dilatada experiencia del personal temporal interino “porque en la Administración autonómica hay sitio para todos, si se quiere dar un servicio público de calidad”.