Desde que el Gobierno pulsó el botón de pausa para hacer frente a la pandemia del covid-19, el bienestar de los colectivos más vulnerables se ha visto seriamente afectado, y además han surgido nuevas necesidades de atención social. No sorprende, por tanto, que en entidades que luchan contra la pobreza «están siendo semanas muy intensas, de adaptarse cada día a nuevas situaciones con respuestas lo más ágiles y eficientes posible», reconoce Marta Gimeno, pedagoga y directora de Fogaral, el servicio de Cáritas Zaragoza para mujeres en situación de prostitución y trata.

El trabajo habitual de Cáritas ha cambiado «completamente, todo es distinto. Hemos tenido que adaptar procedimientos, protocolos, criterios de actuación…», describe Marta. La situación le ha dado «una vuelta total. Ha cambiado todo el sistema», incide su compañera Carmen Gil, responsable de intervención en territorio de Cáritas Zaragoza. «Se han ido diseñando procesos nuevos, como las compras de lotes de comida e higiene para aquellos usuarios que no tienen cuenta en bancos».

La situación generada por la pandemia obligó a cerrar las acogidas parroquiales, la principal vía de entrada al sistema de protección social de esta entidad católica, que eran atendidas de manera presencial por voluntarios. «Hemos pasado a trabajar en casa con un ordenador y un móvil», expone Gil.

A partir del 16 de marzo, la organización diocesana estableció una nueva forma de acogida y acompañamiento. Todas las llamadas pasan por una centralita, desde donde se desvían a los móviles de los trabajadores, que permanecen activos desde el primer día en sus casas. Incluso lo están aquellos que desempeñaban tareas de formación y animación, que han dejado de realizar las actividades presenciales programadas y han pasado a apoyar la atención directa.

Durante el primer mes del estado de alarma, Cáritas Zaragoza ha atendido a una media de 900 personas por semana. Muchas de esas ellas han necesitado una ayuda económica urgente ante la falta de reacción de las instituciones públicas, que «están teniendo una respuesta más lenta» que la propia Cáritas, según apunta Carmen Gil, ya «la agilidad de sus medios es menor».

Un caso es el del Ayuntamiento de Zaragoza, que debido a las restricciones al trabajo presencial ha reducido temporalmente su equipo de trabajadores en los centros municipales de servicios sociales. Además, ha suspendido las ayudas para los gastos del hogar y solo las está concediendo para alimentación.

Como respuesta, además de reforzar la entrega de comida y sufragar medicinas, Cáritas está priorizando las ayudas para el pago de alquiler y suministros básicos. De lo contrario, Carmen Gil sostiene que «el problema nos lo vamos a encontrar el mes que viene, cuando se acumulen dos o tres meses de deuda. Aunque el Gobierno dijo que nadie sería desahuciado durante la cuarentena, y que no se iba a cortar a nadie luz y el agua, la deuda se acumula y habrá que pagarla más adelante. Ahí va a estar el problema».

El grueso de estas prestaciones económicas, un 61%, sigue siendo para alimentación, el 28% se destina a gastos de vivienda, un 8% a gastos sanitarios y un 3% a otro tipo de ayudas de emergencia. Durante el primer mes de confinamiento se han incrementado un 20% el número de ayudas económicas semanales y un 36% los importes medios otorgados.

Por el momento, con el apoyo solidario de la ciudadanía y empresas, Cáritas Zaragoza ha ido capeando el temporal. Pero ya «se nos están acumulando las atenciones. Inicialmente no era tal el acúmulo de solicitudes, pero conforme van pasando las semanas se va acrecentando», reconoce Gil. Han tenido que aumentar las líneas telefónicas para atender el aluvión de llamadas, y se han visto obligados a reforzar la atención en barrios tan populosos como San José o Delicias.

Los grupos de población con los que trabaja Cáritas Zaragoza siguen siendo los mismos. Pero a ellos se han añadido otros, como las personas «que no pueden acceder al trabajo de limpiezas de hogar, o los que trabajan en la economía sumergida y no pueden obtener ingresos», detalla la responsable de intervención en territorio, «madres solas con niños, personas sin empleo u otras con trabajo, pero esperando cobrar el subsidio del ERTE o el IAI, gente con ingresos muy bajos, que no les permiten el sustento del día a día…», añade.

Especialmente acuciante es la situación de colectivos como el de las mujeres prostituidas que se han visto «sin red de apoyo, sin ingresos y con menores» a su cargo. También la de los enfermos crónicos que carecen de red de apoyo y se han quedado «sin respuesta social», o la de algunos inmigrantes. «Nos preocupan los colectivos que están sin raíces en los pueblos y lugares lejanos», sin una red familiar o social que les respalde y con las dificultades propias de acceso a servicios básicos que sufren los núcleos rurales más apartados.

«Nos preocupa la necesidad de recursos sociales y de apoyo psicológico para el golpe recibido por esta nueva situación. Tenemos que apoyarnos en la red de entidades, en un trabajo comunitario. Tenemos que sumar esfuerzos y multiplicarnos», advierte Carmen Gil.