Al norte de la ciudad de Washington, en la universidad afroamericana de Howard, la responsable de atención a las víctimas teme que, en unas semanas, las jóvenes dejen de llamar a su puerta. El Gobierno de Donald Trump está a punto de publicar nuevas normas para ese tipo de departamentos universitarios, con el fin de reforzar el derecho al debido proceso de los hombres acusados de abuso sexual.

«Esto va a ser tremendamente dañino para quienes denuncian», prevé la funcionaria de Howard, Leslie Annexstein. Las reglas prometen obligar a quienes denuncian a ser interrogadas en una audiencia pública por los representantes de sus presuntos agresores. «Va a ser un jarro de agua fría y va a disuadir a quienes piensan en denunciar», advierte Annexstein. Además, menos del 1% de los acusados de violación son condenados a penas de cárcel en EE.UU.

A pesar de todo, el movimiento en los campus de los dos países no da señales de amainar. «Todos queremos crear una institución de tolerancia cero, donde los estudiantes puedan estudiar sin temor», resume Ondigo.

En la exclusiva universidad de Georgetown, en Washington, el edificio principal tiene desde hace días la señal de «ocupado» en la puerta. Los responsables son estudiantes indignados por un dato oficial: una de cada tres alumnas negras ha sufrido abusos sexuales. «La gente empieza a sentirse poco segura aquí», expone Chad Gasman, de 21 años.

Gasman esquiva cajas de pizza en un elegante rellano de la universidad, donde participa en una sentada con el lema «A Georgetown no le importa (el abuso sexual)» y la exigencia de convertir el centro en un lugar seguro para las estudiantes negras.

Para Andy Turner, activista queer en su último año de carrera, Georgetown es «un campus muy concienciado con los abusos sexuales», pero sus estudiantes «no confían» en la oficina de la universidad que procesa las denuncias.