El Congreso ha aprobado este jueves, por la vía de urgencia y en lectura única, la reforma de la ley orgánica del poder judicial que cercena la justicia universal e impedirá que se investiguen crímenes contra la humanidad en China o la muerte de José Couso, entre otros. La modificación, que el Gobierno ha tramitado de forma inusual a través de la Cámara baja (sin su paso por el Consejo de Ministros) para evitar los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial, pasará debatirse ahora en el Senado, con la vista puesta en que la misma se apruebe como muy tarde el 21 de marzo.
La oposición ha denunciado el "abuso impropio" de la mayoría del PP para imponer una reforma exprés y ha acusado al Gobierno de "debil" y de tener "intereses espurios" al plegarse a los presiones de países como EEUU y China. "Con esta reforma el Ejecutivo paga la foto con Obama", ha denunciado Gaspar Llamazares (IU). "El cambio favorece la impunidad de genocidas, tiranos y corruptos", ha añadido desde UPD Irene Lozano.
El PP, por contra, ha rechazado que no haya precedentes en tramitaciones de normas similares y ha aducido que ningún tribunal internacional ampara una jurisdicción universal plena. Asimismo ha argumentado que la legislación actual "no cumple las expectativas de las víctimas" dado el alto número de archivos o sobreseimientos de causas de genocidio o lesa humanidad.
Los fiscales, del lado de la oposición
Los fiscales de la Audiencia Nacional, por su parte, han alzado la voz contra una reforma que, según su opinión, creará "espacios de impunidad" para perseguir "graves delitos" contra los derechos humanos, terrorismo, drogas o piratería.
