La polémica en torno a la restrictiva ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón se ha apaciguado en los últimos meses debido a que el Gobierno ha sugerido su disposición a suavizar la norma (dado el importante rechazo social que ha provocado, incluso en el ala más moderada de su propio partido) y ha guardado el texto en un cajón en estos tiempos de campaña electoral previos a las europeas, con la excusa de que el Ministerio de Justicia está a la espera de recibir los 29 informes que, sobre su propuesta, solicitó a diversos órganos consultivos. Sin embargo, la controversia se reavivará previsiblemente una vez pasen los comicios del 25 de mayo, a tenor del calendario que a partir de ese momento se impondrá a los dictámenes ligados a la iniciativa de Gallardón, cuyo objetivo es finiquitar la vigente ley de plazos y permitir el aborto únicamente en dos supuestos: violación y riesgo para la salud de la madre.
Así, a finales de junio o principios de julio está previsto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal -dos de las instituciones más relevantes consultadas por Justicia-, hagan llegar al Gobierno sus veredictos sobre el anteproyecto. A estos trámites hay que sumar un informe que se ha demandado y que llama la atención: el del consejo interterritorial de Sanidad, que integran el ministerio y las comunidades autónomas.
El criterio sanitario
Y es que, Gallardón, para evitar críticas por no haber consultado a todos los sectores afectados, ha instado a las autonomías a enviarle sus dictámenes sobre su ley de aborto pero, además, ha propiciado una reunión con los consejeros de sanidad para que, desde el punto de vista de la salud -ya que la ley la elabora Justicia-, se pronuncien sobre la ley e intenten consensuar un análisis común. La cita tendrá lugar a finales de este mes o en los primeros días de julio, según fuentes gubernamentales, pero se da por hecho que no será posible la unanimidad de criterio que se busca. Las comunidades de la oposición ya han avanzado su disconformidad con la ley Gallardón, pero también algunos barones populares que se han atrevido a alzar su voz frente a una propuesta que consideran excesivamente conservadora. En este contexto, se espera que esa reunión termine con un informe avalado por la mayoría de apoyo al proyecto, pero también con algunos votos discrepantes, tal vez alguno del PP.
El presidente extremeño, José Antonio Monago, por ejemplo, se ha puesto al frente de la rebelión de un sector del partido contra la dureza de la norma, hasta el punto de que en el Parlamento regional instó al Gobierno a paralizar el proyecto para abrir un proceso de diálogo. Otros como el gallego Alberto Nuñez Feijóo o el balear José Ramón Bauzá han sido menos directos, pero se han mostrado a favor de que se introduzcan modificaciones que mitiguen el histórico paso atrás que pretende consumar Gallardón.
La malformación fetal
Hasta el momento, Justicia ha recibido varios de los dictámenes solicitados al presentar el proyecto. Como era previsible, se ha encontrado con el rechazo de las organizaciones feministas y el aplauso de las antiabortistas. La Organización Médica Colegial, por su parte, criticó que la gestante tenga que ser considerada una «enferma mental» para poder abortar y solicitó que se despenalice las intervenciones en el caso de malformación. El Comité de Bioética, por contra, respalda la reforma. Pero algunos de sus miembros han anunciado votos particulares. El CGPJ y el Consejo Fiscal, con mayoría conservadora entre sus miembros, es previsible que apoyen la ley, pero sin unanimidad.
El Gobierno aún no ha decidido si una vez haya recibido los informes, remitirá el texto al Consejo de Estado, cuya opinión no es preceptiva al no tratarse de ley orgánica. Dicho órgano respaldó la ley de plazos, incluido que las chicas de 16 y 17 años decidan solas si quieren abortar.
Los posibles cambios
Los últimos pronunciamientos de Gallardón y Rajoy no dan pie a pensar que renuncien a su polémico proyecto. Solo si los sondeos demostrasen que un asunto como este puede poner en aprietos electorales al PP, cabría la posibilidad de que la propuesta se descarte o se eternice (con la ayuda de los populares) en el trámite parlamentario hasta después de las generales. La opinión más extendida en las filas populares es que el Ejecutivo terminará por aprobar una norma algo más laxa. Para algunos sería suficiente con permitir el aborto por malformación, mientras que otros se inclinan asimismo por rebajar además los obstáculos en forma de informes médicos que las gestantes deben superar en caso de solicitar un aborto.
