En España somos aficionados a crear y tumbar políticos de la noche a la mañana. Pasarlos de la borrachera del poder a la nada es casi un deporte nacional. Ya dice el refranero popular que cuanto más alto subes, más grande será la caída. Tenemos casos de sobra; Albert Rivera, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes… O los más recientes, Pablo Iglesias, Susana Díaz, José Luis Ávalos, Carmen Calvo…
Es que, en política, los aplausos y las loas al líder, las «guardias pretorianas», las aclamaciones a la búlgara, son coyunturales y sobre todo clientelares. El poder lleva irremediablemente la aparición de palmeros, arribistas y pelotas. ¿Cuántos de los que susurran al oído las maravillas del líder o los cantos de sirena de algunos medios de comunicación, lo hacen por el presupuesto que manejan.? ¿Cuántos viven de las asesorías concedidas, los asesores de los departamentos, los proyectos de garitos y las subvenciones de los presupuestos públicos?
Como dice José María Maravall en 'El control de los políticos'. Editado por Taurus, año 2003. «Los partidos políticos, aunque nacieron como vehículos de participación popular y muchas constituciones los definen como tales, se han convertido con frecuencia en maquinarias dominadas por oligarquías guiadas por sus propios fines». Es decir son instrumentos para la competencia y el poder, más que mecanismos que sirvan para controlar a los políticos.
Derechos garantizados
Es curioso cómo en nuestra democracia un ciudadano tiene sus derechos garantizados, salvo en el interior de los partidos políticos, en los que se está al albur del jefe de turno y de la pleitesía que se le rinde. Sin embargo nuestra Constitución (Arts.67.2 y 79.3) protege el voto en conciencia a pesar de que algunas sentencias del Tribunal Constitucional entiendan que los parlamentarios están supeditados por las listas en que son elegidos. «Es decir los ciudadanos votarán a un partido, los afiliados no tendrán mucho que decir sobre los candidatos y los burócratas elegirán a los futuros parlamentarios». Conclusión, estos ya no son responsables ante su electorado sino ante la oligarquía del partido.
Ya sé que hablar de estas cuestiones es hacerlo en el vacío, como el poeta que recita versos a la luna, pero que hubiera tan solo 11 votos díscolos para la elección al Tribunal Constitucional de Enrique Arnaldo, de dudosa idoneidad y escasa imparcialidad para el cargo, obliga a reflexionar sobre las causas y condicionantes externos. Y para mí, la falta de debate interno en las organizaciones políticas, la escasa democracia, la desinformación y la imposición del «aparato» está en el fondo de tanta pleitesía. Las direcciones de los tres partidos pasaron como una apisonadora sobre las reglas que determinan el procedimiento de los candidatos, dando una imagen pésima a la opinión pública. Por eso no extrañan los datos del Eurobarómetro de febrero del 2021, en el que el porcentaje de gente que confía en los partidos políticos en España está en el 7%, el más bajo de Europa Occidental y empatados en la UE con Eslovenia y Letonia. Decía Sánchez Cuenca en un reciente artículo a raíz de esta información que «una democracia no puede funcionar si prácticamente nadie confía en los partidos políticos».
Mal menor
El deber de renovar el TC era un bien necesario, nadie lo pone en duda. Para algunos era un mal menor aunque se hiciera con la nariz tapada. Pero el precio pagado en términos de prestigio, crédito y respetabilidad de la institución ha sido muy alto. Porque devaluar el órgano que dirime la tensión entre los poderes del Estado e interpreta los derechos fundamentales, no es una broma, sino algo muy serio en nuestro sistema democrático. Al electorado de la derecha y a sus medios afines parece no importarle demasiado el reiterado bloqueo o la presentación de candidatos poco idóneos, pero en la izquierda produce un efecto desmovilizador muy inquietante.
No me valen los bienintencionados argumentos de que una vez dentro, las posiciones jurídicas se entrecruzan y diluyen en el consenso de las sentencias, que se van haciendo más neutras ideológicamente. El mal está hecho y los frentes que este país tiene con el soberanismo catalán y algunas interferencias de la UE, exigen independencia contrastada, credibilidad, prestigio institucional, reconocimiento social, respetabilidad y un alto nivel jurídico de la institución.
Hay problemas que se diluyen como el humo de un cigarro en la niebla, pero este persistirá, y si como estamos viendo, las derechas quieren hacer de este Tribunal la segunda vuelta de los acuerdos del Consejo de Ministros, los problemas se pueden acentuar. Mal negocio.
