Hace tiempo, al menos desde el tercer milenio a. C., que la inmensa mayoría de los dirigentes de las tribus, naciones, países, Estados y demás categorías político-territoriales que en el mundo son y han sido, solo se preocupan de lo suyo. En las dictaduras suelen usar discursos y soflamas encendidos (Julio César, Napoleón, Franco –los de este tipo eran ridículos además–, Fidel Castro o Hitler lo hacían así) para decir que trabajan y se sacrifican por su pueblo; y en las democracias liberales, los candidatos se presentan con mensajes llenos de bonhomía en los que no faltan palabras y expresiones como «servicio al pueblo», «incidir en la participación popular», «tomar decisiones que favorezcan a la mayoría», «entregarse en cuerpo y alma a la gente» y otros tópicos de este mismo tenor.
Sin embargo, cuando alcanzan el poder, las promesas y las buenas intenciones caen en el olvido y si te he visto, apreciado votante, ya no me acuerdo.
Así, en política (me lo confesó un día un alto cargo que ha vivido toda su vida de ella), los profesionales de este asunto ocupan la mayor parte de su tiempo en intrigar para mantenerse en el cargo, y el poco que les resta, en conspirar con las camarillas de su partido para seguir en el machito otros cuatro años más.
Entre tanto, mientras los «próceres de la patria» (vean que lo pongo entre comillas) solo se ocupan de sus cosas y de sus sillones, la ciudadanía tiene que componérselas como pueda.
Lejos de trabajar para facilitar la vida al ciudadano, la casta política sigue a lo suyo. Si no, es incomprensible que pongan tantas trabas para tramitar una simple factura de 200 euros (en algunos sitios suelen pedir media docena de certificados y hasta la talla de los calcetines del emisor), o para gestionar un sencillo certificado que la propia administración tiene al alcance de una tecla.
Esto es así salvo, claro está, que quien emite esa factura sea amigo, hermano, primo o sobrino del político de turno, porque, en ese caso, una factura de cuatro o cinco millones de euros se abona en apenas veinticuatro horas, sin comprobar si la factura es legal, si tiene los datos bien especificados o si cumple todos los requisitos para ser abonada.
Además, la Administración obliga de hecho al ciudadano a disponer de ordenador, móvil, impresora, wifi y demás medios tecnológicos, con el coste que conlleva, aunque sea tan solo para pedir hora al traumatólogo, y a usar para ello redes privadas que generan unos colosales ingresos. A nuestra costa, por supuesto.
