Desiguales ante la ley

Para los enemigos, la ley, para los amigos el favor». Esta máxima referida, a los comportamientos mafiosos de intercambio de favores en un mundo cambiante (cual fue el de la unificación de Italia, que se consumó en 1871, merced al impulso revolucionario de Garibaldi) está recogida en la célebre novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa El Gatopardo, escrita en 1957 y ambientada en Sicilia.

Otra de las máximas Gatopardianas, es este muy conocido aforismo: «Es preciso que todo cambie para que todo siga igual». Y así tenemos que todo lo que ha ocurrido en Cataluña desde 2017 hasta nuestros días (y lo que te rondaré, morena) es puro Gatopardismo, tanto por los favores que, por parte del Gobierno actual de España, y a través de una desleal ley de amnistía, van a recibir los privilegiados políticos catalanes (encabezados por Carles Puigdemont) que dieron un golpe de estado contra el orden constitucional de España el 20 de septiembre de 2017, como por las consecuencias de sus actos, que van a quedar incólumes.

Y aUn así Puigdemont, Junqueras y compañía insisten: «No nos arrepentimos; lo volveremos a hacer». Dan, de este modo, la vuelta al apotegma del gran Clausewitz: «La guerra es la continuación de la política por otros medios». Pues bien, los independentistas catalanes y vascos (que tanto monta) le han dado la vuelta al refrán, apostando por la vía del tan loado diálogo: «La política es la continuación de la guerra por otros medios».

Por otro lado, es una lástima que ni el actual presidente del Gobierno de España («¿Pedro tú sabes lo que es una nación?», le preguntó el exlendakari Patxi López a Pedro Sánchez en el transcurso de un debate por las primarias del PSOE, en el que también participaba la andaluza Susana Díaz, en mayo de 2017) ni su predecesor socialista en el cargo (Rodríguez Zapatero): «El concepto de nación es discutido y discutible» no tengan, a pesar de haber sido presidentes de España, ni idea de lo que es una nación y mucho menos de lo que es la nación española.

Sin embargo, que el Partido Popular no enarbole airoso y a los cuatro vientos la bandera de España para decir que ellos sí que lo saben, pues demostraron poco o más o menos lo mismo cuando, gobernando Mariano Rajoy, y siendo Soraya Sáenz de Santamaría su vicepresidenta, que quedó al mando de Cataluña, en aplicación del artículo 155, reaccionaron tarde y mal (roza el delito gubernativo que los policías y guardia civiles fuesen humillados al ser alojados y mal alimentados en un crucero con la imagen del personaje de Looney Tunes, Piolín) contra un golpe de estado en Cataluña largamente anunciado por los independentistas, así como al referéndum ilegal promovido desde la Generalitat de Cataluña, que si no se celebró fue solamente gracias a la profesional, patriótica y leal intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Cuerpos de Seguridad del Estado que actuaron en representación de la soberanía de España y del conjunto de la ciudadanía española, asumiendo la grave responsabilidad de oponerse a quienes trataron de subvertir el orden constitucional, desestabilizar política y económicamente el Estado y alterar gravemente el orden público. Y gracias a su crucial y heroica intervención, pudo restaurarse el orden público y defenderse el Estado de Derecho, que tanto costó a nuestros padres y abuelos conseguir.

De intolerable calificó (el 4 de octubre de 2017) el rey de España –en un mensaje televisivo dirigido a la nación– el intento de referéndum que había tenido lugar en Cataluña, apenas tres días antes. El equidistante Rajoy, por su parte, no dijo nada en apoyo de las palabras del jefe del Estado.

El 11 octubre de 2017, el portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, se permitía insultar a las Fuerzas del Orden, llamando «salvajes» a los policías y guardias civiles que el Gobierno de Mariano Rajoy había enviado a Cataluña el 1 de octubre, según este dizque diputado, para «apalear» a sus paisanos. Íñigo Méndez de Vigo, entonces ministro de Educación y portavoz del Gobierno, no recriminó a Rufián los insultos ni salió en defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que aquel 1 de octubre de 2017 fueron el único dique que se interpuso entre la ilegalidad y deslealtad del Gobierno de la Generalitat y el Estado de Derecho que representa y da sentido a la soberanía popular incardinada en todos y cada uno de los ciudadanos españoles.

Ahora, es manifestación de buen criterio, sentido común y esperanza, que el instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, haya manifestado que la organización vandálica Tsunami democrático encaja en la definición que en España y en la Unión Europea se aplica a los grupos terroristas.

Y es que no hay que olvidar que, aparte de tres agentes gravemente heridos (los tres hoy jubilados del Cuerpo de Policía, debido a las heridas que sufrieron), un ciudadano francés, Jean Claude Joseph Scherzinger murió de un ataque al corazón por causa del bloqueo de Tsunami al aeropuerto del Prat. Sin olvidar los cientos de millones de euros en pérdidas económicas provocadas tanto a particulares como a empresarios, comerciantes, transportistas, estudiantes... Pérdidas incalculables que ahora, el Estado, por un puñado de votos, está dispuesto a perdonar y amnistiar a quienes las provocaron.

Para que se hagan una idea de la injusta situación: Si están obligadas a hacerla, no se les olvide presentar a tiempo su declaración de renta a Hacienda. Nadie les va a amnistiar de la penalización correspondiente, por mucho que aleguen que ha sido un descuido.

La ley de amnistía es claramente inconstitucional porque trata de hacernos a los españoles desiguales ante la ley. Algo que se opone frontalmente al artículo 14 de nuestra Carta Magna: «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

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