La descapitalización de la Administración

La reciente designación de un directivo sin experiencia para asumir responsabilidades de gestión en un hospital de la comunidad autónoma ha generado sorpresa entre la comunidad sanitaria aragonesa. La controversia ha escalado al ámbito político al revelarse que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón habría seleccionado al candidato pese a su escasa trayectoria profesional en el sector de la salud.

La elección de este directivo choca con el compromiso reiterado del gobierno regional sobre la mejora del sistema sanitario aragonés, especialmente en las áreas de salud periféricas, y refleja una preocupante tendencia: la preferencia por los perfiles «de partido» en los puestos directivos del sector público autonómico.

Es necesario subrayar que esta designación no es un error de evaluación de un currículum laboral ni tampoco un hecho inusual que sorprenda a quienes conocen los entresijos de la política aragonesa. Este nombramiento es el último ejemplo del abuso con que ejercen los gobiernos la potestad para nombrar a los cargos públicos cuando acceden al poder. Una prerrogativa del órgano ejecutivo que ha normalizado una relación laboral, a caballo entre la función pública y el ejercicio de la política, de carácter excepcional, y que aplicada al extremo ha provocado la multiplicación de los cargos de confianza y de los puestos de libre designación en todo el entramado institucional del Estado, desde los ayuntamientos hasta la Administración central pasando por las comunidades autónomas.

Cada vez más estudios académicos evidencian la relación que existe entre la promoción laboral por la vía discrecional, o como se dice comúnmente «a dedo», y el deterioro del área correspondiente de la Administración pública. La naturaleza política de esta modalidad de acceso a los puestos directivos se ha convertido en una fuente inagotable de ineficiencias y una amenaza para el funcionamiento de la Administración pública.

La teoría económica nos señala que la falta de excelencia en el entorno laboral, incluida la adecuada selección de los superiores, conlleva un empobrecimiento de las habilidades directivas y a un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos. Además, este escenario provoca una disminución del rendimiento laboral de los empleados públicos y un deterioro del ambiente de trabajo. En este contexto, el intrusismo político suele generar desconfianza y críticas hacia aquellos que ocupan cargos públicos, poniendo en duda su idoneidad en términos de mérito, capacidad y compromiso con el servicio.

En todo caso, el efecto más perjudicial de este tipo de selección de los cuadros directivos «a la política» es la expulsión de los perfiles más capacitados y con mayor talento de los cargos de responsabilidad de la administración. Esta situación afecta tanto a candidatos del sector público como a profesionales del sector privado que aspiran a redirigir su carrera hacia la Administración.

Los nombramientos respaldados por un aval político alejan a los perfiles meritocráticos de las funciones ejecutivas en el sector público. Esta fuga de talento hacia el ámbito privado, hacia otras comunidades autónomas e incluso al extranjero está en el origen de la descapitalización de la Administración pública en Aragón, contribuyendo a la pérdida de calidad e innovación en los servicios públicos.

El compromiso político de formar un gobierno integrado por los «mejores», basado en perfiles cualificados y reputados en cada área de la gobernación, tal como se manifiesta siempre en campaña electoral por todos los partidos políticos, no es más que un brindis al sol si esta pretendida excelencia no se traslada a todos los escalones inferiores del organigrama de un departamento u organismo, sobre todo cuando son estos niveles de personal, por debajo de consejeros y directores generales, los que sostienen el día a día del aparato de la administración pública.

Para el votante más ingenuo, resida en Calatayud o en cualquier otro lugar de Aragón, esta desafortunada política de fichajes del gobierno aragonés le parecerá un capítulo más de la batalla partidista con que nos tienen acostumbrados los partidos políticos, pero para el ciudadano de a pie, preocupado por las listas de espera y por los médicos especialistas, este episodio será otro ejemplo más del deterioro de los servicios públicos de competencia regional.

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