Los impuestos necesarios

En un artículo publicado en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Jesús Membrado, citando a Lakoff, nos recordaba que los impuestos son «lo que uno paga para vivir en un país civilizado, lo que paga por tener democracia y oportunidades, lo que pagamos para utilizar las infraestructuras que financiaron generaciones anteriores» y es que, como oportunamente recordaba Membrado, «los impuestos son la mejor inversión de futuro».

Dicho esto, Eduardo Madroñal Pedraza, en otro artículo que llevaba el inequívoco título de Cuanto más ganan, menos pagan, publicado también en este diario el 17 de noviembre de 2022, destacaba las desigualdades de tributación existentes en España. De este modo, señalaba la escasa presión tributaria que soportan sobre sus beneficios las grandes empresas (4,5%), la banca (2,9%) o las multinacionales (1,9%), mientras que las pymes son gravadas con un 16% por el Impuesto de Sociedades a la vez que sobre los autónomos la presión fiscal media es del 13,2%. Situación similar hallamos en el ámbito de la Unión Europea (UE) donde también la «injusticia fiscal» resulta patente. Tal es así que, ya en el año 2021, Eliseo Oliveras denunciaba cómo «los artificios contables de las multinacionales y los abusos de la legislación fiscal de las personas con ingresos muy elevados privan a los gobiernos de la UE de los recursos imprescindibles para corregir la desigualdad e impulsar el crecimiento». Ejemplo de ello serían las ventajas fiscales permitidas en Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo: recordemos que, en este último país, un acuerdo fiscal existente entre Amazon y las autoridades luxemburguesas permite a dicha empresa no tributar por cerca del 75% de sus beneficios. Hechos como éste suponen, para la UE, una pérdida anual por evasión fiscal, de no menos de 1 billón (con b) de euros, según el Informe Brecha Fiscal Europea elaborado por Richard Murphy. En el caso de España, las pérdidas tributarias, por abusos en la legislación fiscal, la cifra Tax Justice está sobre los 3.600 millones.

Junto a esta situación, observamos, por otra parte, cómo la «brecha de la pobreza» se ensancha en España, tal y como señalaba Juan Ruiz Sierra quien, de forma contundente, afirmaba que «cada vez hay más pobres en España y cada vez son más pobres». En este sentido, el informe de la European Anti Poverty Network (EAPAN) se hacía eco del fuerte impacto que ha tenido la pandemia del covid-19 en el incremento de las cifras de pobreza y ello pese a las medidas enmarcadas en el «escudo social» puestas en práctica por el Gobierno de Coalición Progresista PSOE-UP tales como la aplicación de los erte y la suspensión de los desahucios.

El aumento de la brecha social es evidente y preocupante si tenemos en cuenta que, en España, el 20% más rico de la población disfruta de una renta anual que es casi 6,2 veces superior a la del 20% más pobre, o que el 44,9% de la población española tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes. Por lo que se refiere al caso de Aragón, el riesgo de pobreza o exclusión, según la Red de Lucha contra la Pobreza, afecta a no menos de 200.000 personas, esto es, al 20% de la población aragonesa.

Contemplando estos datos, resulta evidente, imprescindible y exigible, la necesidad de llevar a a cabo una profunda reforma fiscal progresiva. El apoyo social a esta medida nos lo daba una encuesta del CIS de octubre de 2022 según la cual 8 de cada 10 encuestados apoyaban una mayor presión fiscal al nuevo gravamen que el Gobierno quiere imponer a las mayores fortunas, dado que se trata de un impuesto de solidaridad mediante el cual dotar de los recursos necesarios que garanticen unos servicios públicos y un Estado de Bienestar dignos de tal nombre. Lo mismo podemos decir del apoyo popular, cifrado en el 54,5% según el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP), para que se grave a las entidades financieras y eléctricas mediante la Ley de Impuestos extraordinarios a la banca y a las eléctricas aprobada en noviembre de 2022.

Llegados a este punto, paralelamente a la demanda de una fiscalidad progresiva, surge el concepto de la «justicia fiscal» puesto que, como señalaba María José Gascón, de la Plataforma Aragonesa por la Justicia Fiscal (PAJF), sin justicia fiscal no puede haber justicia social. De este modo, resulta esencial el cumplimiento efectivo del artículo 40.1 de la Constitución Española que señala que «los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa». Y, en esta línea, la PAJF incide en la necesidad de llevar a cabo la reforma fiscal progresiva contemplando cuestiones tales como la de igualar el gravamen del capital con las rentas salariales; asegurar que las empresas paguen lo que deben, luchando contra la evasión y la elusión fiscal; gravar las grandes fortunas y condicionar las ayudas a las empresas a buenos comportamientos fiscales.

Por todo lo dicho, un sistema tributario justo y progresivo resulta un elemento esencial para la redistribución de la riqueza y la disminución de la desigualdad social y territorial. Y todo ello resulta especialmente necesario en un país como España donde las distancias entre ricos y pobres están aumentando, tal y como ha advertido reiteradamente Intermon Oxfam.

El pago correcto de los impuestos necesarios es el camino para hacer de España un país más justo, más solidario y con una democracia plena, algo que se consigue mejor pagando los impuestos que a cada uno nos corresponden, como forma de demostrar nuestro amor a España de una forma más efectiva y honesta que la de expresarlo enarbolando banderas y soflamas patrioteras, tal y como acostumbra a hacer la derecha y sus aliados de la ultraderecha.

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