En menos de dos semanas comienza el curso. Volveremos a ver a los chavales encaminarse hacia el colegio con las mochilas cargadas de libros, cuadernos e ilusión. Por segundo año consecutivo incluirán mascarillas y gel hidroalcohólico. El sector habla de normalidad en las aulas. Da por hecho que continuarán las medidas sanitarias, como la distancia interpersonal o los grupos burbuja, pero menos rígidas y con los mayores de 12 años encaminados hacia la inmunización. Los alumnos empezarán contentos. Los padres, preocupados. Y los profesores, inquietos porque vaya todo bien. Como siempre. Hay cosas que ni la pandemia cambia.

Es comprensible la incertidumbre del sector educativo. Los efectos de la variante delta o los contagios derivados de las no fiestas pueden sacudir la rutina de clase y trastocar los planes de las familias. No obstante, los datos de cierre de aulas y cuarentenas del curso pasado invitan al optimismo.

Muy distinto será, en cambio, este final de verano en las residencias de ancianos. Agosto, de hecho, no acaba bien. La nueva normalidad para los mayores es sinónimo de sufrimiento. Otra vez. El virus vuelve a entrar sin llamar, en ocasiones de la mano de cuidadores que han decidido no vacunarse contra el covid.

El Gobierno de Aragón quiso tomar precauciones para minimizar riesgos. Hace un mes obligó a esos trabajadores a realizarse un test cada 72 horas. La costeaban ellos mismos. La Justicia acaba de tumbar, por enésima vez, una decisión política. Ahora el gasto extra correrá a cargo del centro. Si es privado de la empresa en cuestión y si es público, de todos los aragoneses. Comisiones Obreras, que es quien recurrió esta decisión del Ejecutivo reclama, además, que la prueba deje de ser obligatoria. Discrimina y vulnera el derecho a la intimidad de los afectados, asegura.

La ley les ampara. La vacunación, a día de hoy, es voluntaria. También tienen razón en alegar serias dificultades para afrontar un desembolso superior a los 400 euros mensuales con tal de demostrar que no se han contagiado. Pero más allá de la teoría, la práctica evidencia que los residentes, a pesar de haberse inmunizado, siguen muriendo. 150 solo durante la última semana en España.

Una comisión en las Cortes de Aragón analizó recientemente cómo mejorar las condiciones laborales y asistenciales en las residencias. Lo hizo tras la tragedia del confinamiento. El sector identificó los problemas y ofreció soluciones. Había que adecentar salarios, bajar ratios y mejorar la financiación de las plazas. Los grupos políticos asintieron y el Ejecutivo asumió el reto. Todos coincidieron en la necesidad de reformar el modelo. Pero pasa el tiempo y no se avanza. Siguen dándole vueltas a todo y sigue sin cambiar nada.