A los que hace unos días no entendían cuál era el problema de que se espiara con Pegasus, porque los destinatarios no eran de los suyos y compartían con los seres anónimos que ordenaron las escuchas la valoración sobre la peligrosidad social de los dirigentes independentistas, igual ayer, con la revelación de unas conversaciones entre Dolores de Cospedal y el comisario Villarejo ya no lo tienen tan claro.
La Audiencia Nacional desimputó del caso Kitchen a la exsecretaria general del Partido Popular, al entender que no existían suficientes indicios sobre su implicación en la trama. Aunque su colaboración política fue una de las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso, que determinaban que el expresidente Mariano Rajoy y su número dos en el PP, Dolores de Cospedal, fueron los máximos responsables políticos de la operación parapolicial e ilegal de espionaje a Bárcenas durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Es algo muy antiguo o hay que mirar hacia el futuro son dos de las justificaciones recurrentes para hacer frente a lo que rodeó a la crisis catalana de 2017 o a los audios en 2013 de la Kitchen, sin que se produzcan novedades sobre la demandada transparencia e información sobre quién, cómo y cuándo controla los servicios de seguridad del Estado.
El cenit de esa corrupción político institucional llega con la evidencia de la actuación de la alta responsable política del Partido Popular, utilizando a un comisario con una amplia red de conexiones entre los cuerpos de seguridad del Estado para impedir que una investigación policial y judicial avanzase en contra de su partido, que pequeña anécdota, gobernaba en ese momento el país. La imagen de una democracia que descubre y denuncia tarde la corrupción, sin resultado final condenatorio para todos los implicados, mientras espera que el rey emérito venga a visitarnos después de tres años de alejamiento voluntario, sin ninguna causa procesal abierta y en pública reunión con su hijo y jefe de Estado al mismo tiempo, aumenta la sensación de impunidad para unos pocos, la élite de los corruptos.
Las tramas se conocen con carácter retroactivo, con intereses de parte que dosifican la información en los medios para favorecer a unos o a los contrarios, y son utilizadas electoralmente como principal argumento para inclinar el voto, porque no parece sea de interés clarificar todos estos agujeros negros de nuestro cuerpo institucional y así no llegaremos nunca al desenlace. Queda detrás nuestro un rosario de archivos sin resolver que favorece las teorías conspirativas y acrecienta la debilidad del sistema.