El regadío ilegal y sus expedientes sancionadores, las actuaciones sobre el acuífero de Cartagena o el plan Vertido Cero. Las tres claves que han enfrentado al Gobierno regional con el Estado, y viceversa, durante la última semana y media fueron tratados el miércoles con una primera pasada para poner puntos en común.

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, indicó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que todos los expedientes sancionadores por regadíos ilegales que ha recibido la Comunidad han sido tramitados (123 expedientes con resolución firme por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura que comprenden 2.130 hectáreas).

El total de hectáreas que han regado con agua sin derecho a ella asciende a 8.400 y a la Confederación le queda todavía por tramitar otros tantos expedientes que están en diferentes fases. El problema llega con la restitución de esos terrenos a su estado original, algo que no ha ocurrido y es competencia de la Comunidad ya que, según alega el Ejecutivo regional, los 50 expedientes sancionadores que hasta el lunes estaban ya comunicados a los propietarios están recurridos ante la Justicia. "La restitución se hará lo antes posible", señaló el presidente.

Miras y Ribera señalaron el problema sobre que la CHS no haya cesado a día de hoy el aporte de agua para riego a esas con regadío ilegal desmantelando o precintando las bocas de riego. La ministra señala que este es un asunto "complejo" porque el sistema de organización de riego de la Confederación concede los caudales a las comunidades de regantes y son estas entidades las que distribuyen el agua entre sus socios. Ribera se compromete a estudiar una medida cautelar, como también le reclamaron el miércoles los colectivos sociales y medioambientales.

Colector norte

Entre los aspectos en los que discrepan ambas administraciones se encuentra la continuidad o no del Plan Vertido Cero, un proyecto "desfasado" y "faraónico" para la Ministra que "ya no responde a la realidad" del Mar Menor. Miras reclamaba ayer mantener tres puntos esenciales para él, como es el bombeo a la máxima capacidad de la rambla del Albujón, una infraestructura que está en marcha pero que ha sufrido diversas averías; llevar a cabo el colector de vertido cero en la zona norte del Mar Menor para recoger las aportaciones de agua superficiales y subterráneas del acuífero cargada de nutrientes, un proyecto que ya ha finalizado su exposición pública; y, por último, la construcción de una desnitrificadora, para la que Murcia ha propuesto un convenio por el cual el Ministerio se encargaría de la tramitación pero los fondos llegarían de la Comunidad.

Ribera había desechado este proyecto por plantear un circuito cerrado que buscaba reintroducir en el sistema de riego el agua desnitrificada del acuífero.

A colación de lo anterior, el Ejecutivo regional, más allá de este proyecto, ve con urgencia bombear agua del acuífero para que la rambla del Albujón deje de llevar hasta la laguna miles de litros de agua dulce cada día cargada de nitratos, un plan en el que no confía la ministra, ya que de acuerdo a las conclusiones de los expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) este bombeo "no tendría sentido", aunque se compromete con la Región a "buscar" soluciones "para facilitar la salida" del agua subterránea para rebajar el freático.

Protección del acuífero

Ribera, en lo que se refiere a la gestión del acuífero, apuesta todo al futuro plan de ordenación de esta masa de agua subterránea cuyo concurso para la redacción del proyecto se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado. De este plan deben salir las actuaciones que la Confederación y la Comunidad deben llevar a cabo para blindar el acuífero.

La ministra mencionaba ayer que declarar el acuífero en riesgo de no alcanzar el buen estado químico fue un gran paso dado por su administración, pese a la oposición de la Comunidad. Sin embargo, las medidas cautelares aprobadas el pasado año a raíz de esta declaración chocan con las de la Ley del Mar Menor, ya que esta norma prohíbe los fertilizantes orgánicos y químicos en una franja de 500 metros en torno al Mar Menor y las medidas propuestas por la CHS aumentaban ese espacio hasta los 1.500 metros. Reclamó a la Comunidad hacer cumplir estas actuaciones si quiere proteger el acuífero.