Desbandada de médicos en la sanidad privada: los urólogos sevillanos abandonan varias aseguradoras

Continúan los conflictos en la sanidad privada. Esta vez son los urólogos sevillanos los que han anunciado que, a partir del próximo día 1 de septiembre, dejarán de prestar asistencia a pacientes de las aseguradoras DKV y MEDIFIACT. Tras la desbandada, la histórica reclamación de los facultativos para que las compañías actualicen sus baremos, tal y como vienen reclamando históricamente, y que ha provocado no pocos movimientos en el sector en los últimos meses.

Según informa el Colegio de Médicos de Sevilla, ha tenido conocimiento de que los colegiados de la Asociación de Urología que prestan sus servicios en la medicina de compañías "han decidido suspender de forma indefinida el ejercicio de sus consultas en el próximo mes de septiembre". Los médicos de la provincia de Sevilla, unidos en Asociaciones por especialidad, llevan intentando negociar con las compañías más de cuatro meses una actualización de sus honorarios, que no se hace desde hace más de 20 años.

Los urólogos sí mantendrán "con total normalidad" los servicios de Urgencias y atención hospitalaria

Los especialistas han anunciado que, a partir del 1 de septiembre, dejarán de prestar estas asistencias a pacientes de DKV y MEDIFIACT, informa el órgano colegial. Sin embargo, confirman que sí se mantendrán "con total normalidad" los servicios de Urgencias y atención hospitalaria. Según indican los especialistas, tanto esas compañías aseguradoras como la gerencia de los centros hospitalarios, "están informados de esta situación, con el objetivo de minimizar los perjuicios que pueden causarse en los pacientes".

Los digestivos, también

Además, desde el Colegio de Médicos de Sevilla, recuerdan que actualmente la Asociación de Digestivos de Sevilla, ha suspendido de forma indefinida desde el pasado 1 de julio el ejercicio de las consultas a pacientes de DKV, Mapfre y más recientemente (desde el pasado 20 de julio) también ASISA. La Asociación Sevillana de Aparato Digestivo y Endoscopia (ASADYE) -de la que forman parte la práctica totalidad de los especialistas en que realizan actividad privada en la capital hispalense- nació este mismo julio.

Su creación, explica esta asociación, está "derivada de los crecientes problemas que se detectan en los últimos años en nuestra especialidad, con un crecimiento exponencial de la demanda de atención médica especializada y una disminución de la oferta de médicos prestadores de la actividad, debido entre otras causas a que la baremación de los actos médicos no se ha visto actualizada en tiempo y forma adecuados desde hace 20-30 años".

"Un problema serio"

Los digestivos sevillanos remarcan que "es un problema muy serio, ya que vemos como se afectan las listas de espera y las demoras para la atención a los pacientes asegurados por las compañías y, por consiguiente, la calidad de la atención médica". Ante esta situación, decidieron emprender "cuantas medidas resulten necesarias para que las compañías aseguradoras asuman la imperiosa necesidad de abordar el proceso de negociación al que les venimos exhortando".

Entre esas medidas, decidieron "el cese de toda actividad relacionada con la especialidad de Aparato Digestivo (consultas, endoscopias y pruebas funcionales) desde el pasado 1 de julio para los asegurados de MAPFRE y DKV, y a desde el 20 de este mes, para los asegurados de ASISA "hasta resolver el conflicto".

Colgar las batas

Sevilla fue precisamente la ciudad donde, el pasado 23 de enero, los médicos de la sanidad privada decidieron iniciar una huelga -algo histórico en el sector- a costa de los baremos que les pagan las compañías. Los facultativos privados -más de 50.000 ejercen como autónomos en clínicas o consultas propias, o prestando servicios para centros y hospitales- pedían paso para denunciar las bajas tarifas -sobre 8 o 9 euros por una primera consulta de un médico general y en torno a 15, si es un especialista- que les pagan las aseguradoras. Tarifas que, vienen denunciando desde hace meses, les obligan a ver a incontables pacientes para tener ingresos dignos.

De esta misma ciudad, es el oftalmólogo Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (UNIPROMEL), asociación que representa a gran parte de los médicos de la sanidad privada en España y que fue el pionero en iniciar la batalla para que las aseguradoras actualicen los baremos que pagan a los médicos.

En una asamblea, celebrada el pasado marzo, en el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), esta asociación anunciaba el nacimiento del Instituto para la Representación (IRE), para defender sus derechos y la creación de un cuadro médico que trabajará con independencia de las compañías. De facto, supone una ruptura con las aseguradoras.

Convulsión en el sector

El anuncio de los urólogos de Sevilla de abandonar en septiembre a las mencionadas aseguradoras se produce en un momento de enorme tensión en el sector privado. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) presentaba hace apenas unos días un decálogo de demandas como hoja de ruta a seguir durante la próxima legislatura. Entre sus reclamaciones una mejor planificación de los recursos humanos ante el problema estructural de escasez de profesionales sanitarios; más y mejor colaboración público-privada; garantías y transparencia en las relaciones con el aseguramiento de salud; y la mejora del acceso de los pacientes a la última tecnología y tratamientos terapéuticos.

En España, hay 10,3 millones de asegurados -sin incluir a los mutualistas- que, como la sanidad privada resalta en cuanto tiene ocasión, contribuyen al ahorro del sistema público. Sus estimaciones indican que el ahorro generado por el seguro está entre los 1.674 euros al año (si es un paciente exclusivamente de la privada) y los 599 euros anuales (si el paciente realiza un uso mixto, es decir consume recursos públicos y privados). Son datos del informe 'Sanidad Privada, Aportando Valor 2023', de la Fundación IDIS.

El problema de MUFACE

Cuando la paronal presentó su decálogo de propuestas, su presidente, Carlos Rus, aprovechó criticar, entre otros aspectos, el cuestionamiento de un modelo como el de MUFACE y, también, su infrafinanciación que, advirtió, puede abocar a su desaparión pese a que supone "un enorme ahorro" a las arcas públicas. Un posicionamiento tras conocerse la inquietud que impera entre las principales aseguradoras de MUFACE por una posible quiebra del modelo.

Adeslas, ASISA y DKV -las principales compañías de MUFACE- mostraban recientemente a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, su preocupación por el futuro del modelo sanitario que atiende a un colectivo de casi dos millones de funcionarios. Lo justifican de la siguiente manera: en diez años -2013-2023-, el gasto per cápita de comunidades autónomas y mutuas colaboradoras habrá aumentado un 60,6% y la prima ponderada de MUFACE un 31,6%. Es decir, cerca de la mitad.

El dato supone que, si la prima era un 28,3% menos en 2013, diez años después la diferencia se habrá incrementado casi trece puntos, a un –41,2%. La presión de unas primas "tan desfasadas", admitían las aseguradoras, reduce los baremos que las compañías pagan a los médicos que atienden a los mutualistas.