Falconetti y el crimen que ni una huella palmar con sangre pudo resolver

Sin cabeza (que nunca se encontró), con 17 puñaladas en el tórax y con las huellas dactilares raspadas al igual que los tatuajes para intentar borrar su identidad. El cadáver correspondía al del joven Eduardo Montori, conocido como Falconetti, y el hallazgo lo realizó la Guardia Civil en 1996 en una vivienda de Ejea de los Caballeros. Desde el inicio un nombre, el de Pablo Miguel C. L., estuvo en las quinielas, pero los investigadores no pudieron sentarlo en el banquillo hasta que no pasaron 20 años; gracias a los avances en Criminalística permitieron determinar que una huella palmar ensangrentada impresa en el escenario del asesinato correspondía a ese hombre. Sin embargo, un jurado popular no vio prueba suficiente, decidiendo exonerar al principal sospechoso y dejar el caso sin resolver.

Era una mañana de domingo y el fuerte olor por la descomposición del cadáver como consecuencia del calor fue, como suele ocurrir en estos casos, el que dio aviso a los vecinos del número 2 de la calle Zaragoza, situada en uno de los barrios de esta localidad de la comarca de las Cinco Villas. Salía del bajo en el que vivía, de alquiler, la víctima, un joven de 34 años que tenía antecedentes por robos y estafas y que se le relacionaba con el tráfico de drogas. Era el día 15 de septiembre y Ejea no cabía en su asombro por una muerte que parecía que era un ajuste de cuentas.

La escena del crimen se llenó de agentes, curiosos y también periodistas que, incluso, cuatro de ellos fueron detenidos y puestos inmediatamente en libertad por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ejea que quiso saber si habían accedido al escenario del crimen porque habían conseguido fotografiar y grabar con sus cámaras la terrible escena en la que el cuerpo estaba bocabajo sobre un colchón lleno de sangre y las paredes también repletas de salpicaduras.

No fueron los arrestados en aquel momento. Unos días después tres jóvenes de la localidad eran detenidos y puestos en libertad por su presunta implicación en los hechos. La investigación de se centró desde el principio en su entorno más próximo y en la única hipótesis del ajuste de cuentas. Una de las características que tenían en cuenta del autor o autores fue su conocimiento del cuerpo humano en la forma en la que dio las cuchilladas certeras y, especialmente, en cómo consiguió cortarle la cabeza y separarla de las vértebras de una forma limpia.

Los miembros de la Guardia Civil creían que a Montori lo habían asesinado o por un asunto de drogas o por una estafas a varias empresas de Zaragoza, Navarra y La Rioja. Finalmente pesó más la teoría del tráfico de sustancias estupefacientes pues el instituto armado fue conocedor que la víctima mortal y Pablo Miguel C. L. viajaron a Pamplona para comprar droga con un cheque que resultó ser sin fondos.

Una sospecha que tenía su peso en la investigación, si bien la Guardia Civil recibió un frío portazo del laboratorio cuando analizó en aquel 1996 las huellas aparecidas junto al cadáver y dieron negativo al nombre de Pablo Miguel C. L.

En verano de 2016 se reabrió

Fueron pasando los años y las tecnologías forenses fueron mejorando. El instituto armado no había cerrado el caso y en verano de 2016 recibió una esperanzadora noticia: la huella palmar ensangrentada aparecida en una de las paredes correspondía con el nombre que siempre rondó en las cabezas de los agentes. Faltaban dos meses para prescribir el caso.

Los especialistas de Madrid habían observado que había 12 puntos característicos de la mano que coincidían con las del presunto autor. La notificación de detención como supuesto autor de un delito de asesinato le llegó a Pablo Miguel C. L. a la prisión de Zuera, donde se encontraba cumpliendo condena por otros delitos.

A la evidencia científica se sumó la indiscreción, en los últimos tiempos, a la hora de cubrir su rastro. Antes de que se reabriese la investigación judicial había amenazado a un policía local de Ejea, estando detenido en el calabozo, diciéndole: «A ti te voy a matar, como hice con Falconetti». Fuera una bravuconada o no, la amenaza se hizo constar en el atestado policial, remitido al juzgado que llevaba el crimen. No es que motivara la reapertura, pero es un apoyo más a las conclusiones de los agentes.

El esperado juicio para la Guardia Civil y para el abogado de la víctima, el fallecido Javier Notivoli, llegó en abril del 2017. Ante los miembros del jurado popular constituido en la Audiencia de Zaragoza, aseguró que él no era el autor y que la prueba de la huella no le pertenecía a él. «Es un copia y pega que ha hecho la Guardia Civil para ponerse la medallica, no querían que prescribiera el caso sin resolver», espetó para asombro de todos, asegurando que eran «muy amigos».

Pese a las explicaciones de los expertos y de los investigadores, los miembros de este tribunal popular admitieron a lo largo de su comparecencia que durante la celebración del juicio «no se despejaron muchas de las dudas» que este asunto planteaba. Llegaron a afirmar que las pruebas incriminatorias «eran insuficientes». Admitieron que el encausado estuvo junto al cadáver porque así lo señala la prueba que aportó hace menos de un año la Guardia Civil tras digitalizar y analizar, con la nueva tecnología forense, las fotografías que en su día se realizaron del escenario del crimen. Sin embargo, entendieron que no había quedado acreditado que el encausado fuera quien degolló y asestó hasta 17 puñaladas a la víctima. Tampoco que posteriormente lo quemara.

De hecho, la forma «limpia» para desmembrar el cadáver y para apuñalarlo indicaba, según los forenses, que el autor tenía conocimientos específicos. Unas habilidades que apuntaban clarameente a Canales, en opinión de las acusaciones que pedían hasta 23 años de prisión, ya que procedía de una familia de ganaderos. Hipótesis que rechazó el jurado por entender que durante el juicio «no se ha probado» que tuviera estas habilidades. Afirmaron que ningún testigo confirmó dicho extremo, ni su exmujer.

Con la sorpresa aún sin poderse contener, el magistrado presidente de aquel tribunal, Francisco Picazo, declaró la absolución de Pablo Miguel C. L. en una sentencia in voce, que arrancó un «se ha hecho justicia» por parte del abogado defensor Javier Elía. Tras ello y poco antes de volver a Zuera el procesado llegó a mirar a los nueve hombre justos a los que guiñó el ojo y sonrió antes de ser conducido por la Guardia Civil.

Así se quedaba sin resolver un caso con la pregunta de si el encausado estuvo ahí y la víctima era su amigo... ¿Por qué nunca reveló quién fue el asesino?