La Plataforma de Trabajadores Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ) ha presentado una queja ante el Justicia de Aragón ante el riesgo de que los nuevos procesos selectivos iniciados en el consistorio les dejen fuera de la Administración después de más de diez años en muchos casos trabajando "en fraude de ley", dado que llevaban más tiempo de lo permitido por la Unión Europea ocupando un puesto de empleo público.
La semana pasada, este colectivo, que representa a más de mil trabajadores en capital aragonesa, ya se manifestó a las puertas del edificio del Seminario tras conocer las intenciones del concejal de Personal, Alfonso Mendoza, de convocar plazas correspondientes al proceso de estabilización de empleo temporal pendiente de los años 2017 y 2018.
Los interinos defendieron entonces y ahora que el ayuntamiento debía esperar a que el Congreso de los Diputados apruebe la nueva ley que regularizará la situación de los miles de empleados públicos en abuso de temporalidad que llevan décadas trabajando para diferentes administraciones y que ahora temen que una oposición les avoque al cese, sin indemnización ni posibilidad de prepararse y estudiar en igualdad de condiciones con la gente que no trabaja y sin cargas familiares.
Pero el consistorio hizo caso omiso a sus reivindicaciones y ha continuado adelante, puesto que ya ha empezado a convocar los tribunales y los procesos selectivos a los que podrían presentarse miles de personas agarrándose al decreto ley que el Gobierno de España aprobó en verano. Sin embargo, esta norma la aprobó el PSOE in extremis con los votos a favor de ERC y Unidas Podemos (UP) con la condición de introducir en la ley las reivindicaciones de los interinos.
En este sentido, y según ha podido saber este diario, UP le ha propuesto a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que tendrá que asumir alguna de las peticiones de sus socios para aprobar la normativa, que las personas que lleven más de tres años en un empleo público temporal puedan convertirse en fijos mediante un concurso de méritos y no tengan que pasar por una oposición abierta a todo el mundo. También reclaman indemnizaciones más altas para los interinos cesados y pasar de los 20 días por año trabajado y 12 mensualidades a los 33 por año y un máximo de 24 meses de sueldo, lo que equipararía estas cantidades a las que corresponderían a un despido improcedente en el ámbito del derecho laboral.
En su propuesta a Montero, UP también da cuenta de la buena marcha de las negociaciones, lo que da alas a los interinos para pensar que la nueva ley cumplirá con sus expectativas: "valoramos muy positivamente los compromisos alcanzados y esperamos que puedan verse reflejados de manera adecuada" en las enmiendas, dicen en un escrito dirigido a la ministra. Sus propuestas se suman y van en la misma línea con las que ya hizo ERC y que también recogió este diario.
La nueva ley tiene que aprobarse a finales de octubre pero si, para entonces, el ayuntamiento ya ha convocado oposiciones, habrá creado un derecho expectante en las miles de personas que se presentarán a estos procesos que luego podrían suspenderse con la aprobación de la norma, lo que podría desembocar en un embrollo jurídico. Por ello, los interinos piden paciencia. En solo un mes el texto del real decreto que ahora usa el consistorio como justificación será modificado.
En este sentido, además, el grupo municipal de Zaragoza en Común ha presentado ya una moción para su debate en el próximo pleno del ayuntamiento para instar al equipo de Gobierno de PP y Cs "a suspender la ejecución de las ofertas de empleo público que afecten a plazas ocupadas por interinos que lleven más de 3 años en la plaza hasta la aprobación del Proyecto de Ley sobre la estabilización del personal interino".
