La Plataforma de Trabajadores Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ) presentó ayer ante la Fiscalía provincial una denuncia de tipo penal tras conocer que el consistorio sigue adelante con los procesos de estabilización de empleo público sin esperar a la aprobación de la nueva ley estatal que regularizará la situación de estos empleados, que en muchos casos llevan trabajando para la Administración durante lustros y que ahora podrían perder su puesto tras una oposición. Defienden que las soluciones aportadas hasta ahora no cumplen con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y aseguran que existe «una trama corrupta» con intereses por que los exámenes sigan convocándose.

El letrado que representa al colectivo en Zaragoza es Fruitós Richarte, exmagistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, y la lista de delitos que, en su opinión, se han cometido no es corta ni leve: prevaricación administrativa, corrupción de funcionario público, malversación, vulneración de los derechos de los trabajadores y, derivada de todas las anteriores, organización criminal.

La responsabilidad de todas estas cuestiones recae, según Richarte, en el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la vicealcaldesa, Sara Fernández (ambos ya sea por acción o por omisión), el concejal delegado de Personal, Alfonso Mendoza, y altos funcionarios del consistorio, como el interventor y el secretario general, así como los responsables del área de Recursos Humanos.

Una vez presentada la denuncia y las pruebas oportunas, será el fiscal encargado del caso el que decida si debe llamar a declarar a alguno de los supuestos implicados en esta «trama». «También queremos que se intervengan las conversaciones. Se trata de delimitar quién es quién, qué responsabilidad tiene cada uno, quién ha ideado este plan y quién lo está ejecutando», dijo Richarte.

Pero, ¿de qué plan habla? Paso a paso. En el plazo aproximado de un mes, el Congreso de los Diputados aprobará una ley que modificará el decreto convalidado en verano y al que se agarra el consistorio para sacar nuevos exámenes. Si aprueban listas de admitidos y después la nueva norma obliga a suspender los procesos en los que hay involucrados interinos «en abuso de temporalidad», el ayuntamiento podría verse rodeado de reclamaciones. Pero aún así, Zaragoza no va a esperar. ¿Y por qué? Según Richarte y PTTAZ, porque hay intereses «por la más que sabida unión entre miembros del consistorio y organizaciones dedicadas (sindicatos incluidos) a la preparación de exámenes», así como funcionarios que también imparten clases en academias.

Asimismo, Richarte explica que si se van a cesar interinos, el consistorio debería prever en sus presupuestos una partida para las indemnizaciones que, explica, se indican en el decreto que utiliza el ayuntamiento para convocar los exámenes. En 20 podría saberse si el fiscal investiga el caso y si cita a alguien a declarar.

Asimismo, este jueves se conoció que el Justicia de Aragón ha admitido ya a trámite la queja que presentaron desde PTTAZ contra la convocatoria de las nuevas oposiciones, que podrían dejarles fuera de la Administración después de años trabajando.